
En la intendencia, por ejemplo, alguien que se desempeñe como asistente de jefes de departamentos o en el cargo de secretaría, grado 19 en el escalafón, parte con $ 131.890 y tras una serie de asignaciones legales y bonos varios (entre ellos el beneficio por zona), puede encontrar en su cheque de fin de mes cerca de $ 748.264. Todas estas cifras en carácter bruto, es decir, sin los descuentos correspondientes, como salud y previsión, entre otros.
A su vez, un funcionario con un puesto de auxiliar o auxiliar conductor, con grado 22, recibe como sueldo base $ 107.665, pero luego de las asignaciones correspondientes por trabajar en una institución pública, cobra unos $ 512.469, sin descuentos.
En la otra calle, en la Municipalidad de Punta Arenas un trabajador con carácter de técnico, grado 15, obtiene por sus labores diarias una remuneración básica de $ 146.300, que sumado a las asignaciones llegaría a los $ 496.936. Mientras que un auxiliar, en el puesto 18 del escalafón, tiene como piso $ 115.821 y final unos $ 398.201.
La Ley de Transparencia no sólo obliga a las instituciones dependientes del Estado a publicar los sueldos, sino que también las compras y adquisiciones, transferencias, presupuestos, programas de subsidios y demás beneficios, entre otros.