El abogado Guillermo Ibacache reiteró que su defendido no engañaba a la gente, como pretendió caricaturizarlo la fiscalía que lo presentó como un embaucador. El Ministerio Público acusaba al “maestro” Juan Carlos Ojeda Soto de cometer millonarias estafas, sin embargo y contra todo pronóstico, la justicia lo terminó absolviendo de los cargos que lo sindicaban como autor de varios delitos ascendentes a $ 1.800.000.
Además, el tribunal ordenó su inmediata libertad luego de permanecer varios días en prisión preventiva.
Los jueces recalcaron que con las pruebas rendidas en el juicio no se pudo acreditar la existencia del delito por el cual la fiscal Wendoline Acuña pretendía condenar al acusado a tres años de presidio.
El defensor público licitado, abogado Guillermo Ibacache, siempre defendió la inocencia de Ojeda, dejando en claro que el problema que tuvo su cliente con las presuntas víctimas debía zanjarse en los tribunales civiles y no en los penales. “En este caso se puso a prueba lo que yo siempre discutí, que no podemos los ciudadanos trasladar todos los problemas que podamos tener en la vida diaria para el conocimiento de un tribunal del crimen. Porque con ese criterio podríamos, por ejemplo, establecer que si yo le arriendo una propiedad a un señor y no me paga, entonces para mí resulta mucho más fácil, más cómodo denunciarlo en la fiscalía por estafa y si la fiscalía persigue al señor para que pague las rentas de arrendamiento nos olvidamos del derecho civil o del derecho comercial”.
El defensor sostuvo que en este caso se dio una situación similar, por cuanto lo que había eran incumplimientos ya que Ojeda, que trabaja en el rubro de la construcción, es contratista de obras menores y fue contratado por cuatro personas para hacer trabajos de remodelación en viviendas. “Él aceptó hacer el trabajo, pero como no tiene medios suficientes debe pedir dinero adelantado, como hacen todos los maestros, y en base a eso empezó a trabajar pero a medida que el trabajo se iba desarrollando no era acorde a la satisfacción del interesado. Una porque no llegaban los trabajadores, o lo hacían a deshoras, o faltaban. Ese incumplimiento o forma irregular de trabajar, molestó a las personas que lo contrataron solicitándole que les devuelva el dinero adelantado, pero él no estaba en condiciones de hacerlo”, explicó Ibacache.

No existió delito
El defensor explica que “no hubo estafas, sino incumplimientos de contratos y debió haberse visto en los juicios civiles. Acá no hubo delito porque él efectivamente no engañaba a la gente, como pretendió caricaturizarlo la fiscalía que lo presentó como un embaucador”.
Según la visión de Ibacache, “la fiscalía debe aprender, de una vez por todas, que también está el derecho civil y, siempre es bueno, dar de vez en cuando un vistazo al código civil, comercial o derecho de familia. De lo contrario cerremos todos los tribunales ya que estaríamos llevando todo al derecho penal, lo que me parece un despropósito”.