Ante la tensión producida por la rebelión, el gobernador José Manuel de la Sota resolvió interrumpir en Panamá un viaje que realizaba a Colombia y emprendió el regreso a la ciudad. Mientras la policía cordobesa permanece autoacuartelada por reclamos salariales, grupos de vándalos aprovecharon la situación para saquear dos supermercados de esta ciudad. Uno de los locales fue atacado dos veces en pocos minutos.
Ante la tensión producida por la rebelión policial, el gobernador José Manuel de la Sota resolvió interrumpir en Panamá un viaje que realizaba a Colombia y emprendió el regreso a esta capital.
Como informó La Nación, para exigir un salario mínimo de 13.000 pesos, en la madrugada de ayer se disparó un autoacuartelamiento de efectivos del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) 4 y 5, en el cuartel del Barrio Cerveceros, hacia donde con el correr de las horas confluyeron policías de otras áreas operativas y del Servicio Penitenciario.
Ante la ausencia de patrulleros en las calles, dos supermercados de la firma Cordiez fueron saqueados ayer en la tarde.
En primer lugar fue atacada la sucursal del Barrio SEP, a pocas cuadras donde se encuentran concentrados los policías en huelga.
Alrededor de 50 personas irrumpieron por la fuerza al local y, tras amenazar a los empleados para que no opongan resistencia, arrasaron con mercaderías existentes en las góndolas.
El comisario López afirmó que los saqueadores se llevaron “muchas bebidas alcohólicas”.
Detalló que “un grupo de 50 personas se ha llegado y ha sacado mercadería y se han retirado. Muchas bebidas alcohólicas se han llevado. Los empleados no han sido golpeados”.
El otro episodio ocurrió minutos más tarde en una sucursal de la misma empresa, en Avenida Vucetich al 6700 de Barrio Ituzaingó, donde también un nutrido grupo de personas levantó por la fuerza las persianas y se apoderó de mercaderías diversas. Media hora más tarde retornaron y completaron el saqueo.
“Se llevaron numerosa mercaderías, bebidas, cajas registradoras y computadoras”, dijo Lucas Almada, encargado del local. Dijo que ningún empleado resultó golpeado a pesar de la actitud violenta de los asaltantes.
Los supermercados asaltados no tenían custodia policial debido a la huelga de los uniformados. Poco después de ocurrido los hechos, llegaron patrulleros para custodiar ambos establecimientos.
También se observaban controles policiales en otros locales comerciales de los barrios donde se advertían movimientos sospechosos de grupos de personas.
Desde la cámara empresa del sector se aconsejaba a los propietarios a cerrar preventivamente los locales a fin de evitar nuevos saqueos.

Protesta policial
La protesta policial fue iniciada días atrás por las esposas y familiares de los policías, quienes protestaron en la jefatura de la fuerza y frente a la sede del Gobierno.
Unos 3.000 autocuartelados -la policía tiene 22.000 efectivos- amenazaron con no retomar los servicios, ante lo cual el jefe de la policía, comisario César Almada, envió un emisario para negociar y convocar a un encuentro para debatir un petitorio de 14 puntos sobre salarios, aumento en los adicionales y mejoras en las condiciones laborales.
El mediador fue el jefe del Distrito 5, Gabriel Muñiz, quien aseguró que la seguridad provincial está a cargo sólo de los superiores por la huelga de la tropa.
Al cabo de las negociaciones de Almada con un grupo de mujeres de policías y el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, se informó que no hubo un acuerdo por el tema salarial, pero se lograron avances en que no sancionarán a los efectivos en huelga.
Los voceros aclararon que no están en contra de la cúpula policial y ratificaron la huelga hasta que el Gobierno les de una respuesta salarial. Señalaron que un agente cobra alrededor de 5.800 pesos de bolsillo que consideran insuficiente para el sostén familiar.
En la Casa de Gobierno se sucedieron reuniones de altos funcionarios, pero no hubo definiciones al aguardo del regreso del gobernador.