La “Nueva Mayoría” (9 integrantes) tendrá supremacía ante la “Alianza”, que aportará con tres representantes y el PRI con dos. El 11 de marzo próximo asumirá el nuevo Consejo Regional (CORE) de Magallanes, el cual guiará los destinos y los recursos de la región durante cuatro años. Por este motivo es fundamental conocer qué facultad tendrá y la composición del cuerpo colegiado, que como expresó en las urnas la comunidad en las elecciones del domingo 17 de noviembre, será liderado por la “Nueva Mayoría”, pacto que consiguió 9 cupos, los cuales son liderados por el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC), con tres cada uno; y el Partido Comunista (PC), Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y Partido Por la Democracia (PPD) con un militante por partido.
La “Alianza”, en tanto, sólo será representada por tres integrantes; Antonio Ríspoli y Rodolfo Moncada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Alejandro Kusanovic por Renovación Nacional (RN).
El Partido Regionalista de los Independientes (PRI), por su parte, luego de irrumpir fuertemente en la política magallánica tras lograr la elección de los concejales Julián Mancilla y Juan José Arcos en Punta Arenas, logró igual cantidad de cupos en el CORE, con José Soto Passek y un nombre que aún no es confirmado por el Tribunal Electoral Regional (TER), que saldrá entre Roberto Sahr y Manuel Herrera.
Funciones
Las funciones de los consejeros regionales se centran en velar por el crecimiento de la región sobre la base de los intereses y necesidades de sus habitantes. Su deber es fomentar el crecimiento económico, social y cultural de la zona.
Dentro de sus atribuciones están distribuir los recursos que conforman el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es destinado por ejemplo, para la construcción de comisarías, restauración de establecimientos y suministros básicos para ciertas zonas. También pueden aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo para la región y su propio presupuesto.
Además, deben aprobar instrumentos y herramientas de planificación, por lo que el futuro de la región depende en gran parte de ellos. Un ejemplo de esto es su facultad de decidir sobre el futuro de planes regionales de desarrollo urbano, metropolitanos e intercomunales propuestos por el seremi de Vivienda y Urbanismo, así como los planes reguladores de las comunas.
Asimismo, y en uno de los puntos trascendentales de su cargo, se les atribuye la responsabilidad de fiscalizar las labores del intendente.
Traspaso de competencias
El mes pasado, en tanto, por unanimidad. el Senado aprobó en general la reforma constitucional que modifica el artículo 114 de la Constitución Política, con el fin de instituir al Senado como órgano competente para dirimir las divergencias que surjan entre el Presidente de la República y el Consejo Regional, con motivo de las transferencias de funciones públicas desde los ministerios y servicios públicos a un Gobierno Regional.
La moción avanza en paralelo a la tramitación del proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país y propone que podrán ser de competencia de los gobiernos regionales una o más de las siguientes funciones públicas: ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos; medio ambiente y desarrollo energético; obras de infraestructura y equipamiento regional; transporte; desarrollo rural y de localidades aisladas; fomento de las actividades productivas; promoción y ordenación del turismo; desarrollo social y cultural; educación y salud; deporte; ciencia y tecnología, y conservación del patrimonio.