El martes de la semana pasada el jefe de la Unidad de Análisis de Fondo del Consejo para la Transparencia, Andrés Herrera, hizo llegar el oficio 5073 al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Se le exige la entrega del Informe de la División Jurídica del Ministerio del Interior sobre la Auditoría de Ernst & Young junto con el texto de la Auditoría, como así también el contrato de prestación de servicios entre la consultora y el Ministerio del Interior, en el que se acordó la elaboración de la Auditoría sobre la Concesión de Zona Franca.
El procedimiento se enmarca en la investigación que realiza el Consejo para la Transparencia luego que la Cámara Franca presentara un recurso de amparo a su derecho de acceso de información, tras la negativa de Ubilla de entregar copia de la auditoría, documento que era sindicado por el intendente de la época, Mauricio Peña y Lillo, como central para tomar una determinación en cuanto a la existencia de incumplimientos contractuales en los que ha incurrido la Sociedad Rentas Inmobiliarias, en la administración de la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas.
En el oficio también se le exige a la autoridad informar fundadamente al Consejo acerca de la existencia o no del informe del Departamento Jurídico del Ministerio de Interior en que se analizan las conclusiones de la auditoría de Ernst & Young, el que le fue negado a la Cámara Franca cuando oficialmente lo solicitó al subsecretario del Interior, no obstante lo cual, el ex intendente Peña y Lillo declaró a la prensa que ese documento estaba en su poder y que lo estaba analizando.
“Acabo de recibir el informe de la División Jurídica, lo estoy estudiando para ver cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir en ese ámbito”, dijo Peña y Lillo el 7 de mayo de 2013.
Al respecto, Cámara Franca tiene la convicción de la existencia de dicho informe ya que asegura que el Ministerio del Interior recibió la Auditoría de Ernst & Young el 31 de enero de 2013
No obstante la auditoría, estuvo por un lapso de más de cuatro meses en manos, de la División Jurídica del Ministerio del Interior, sin ser remitida a la Intendencia de Magallanes.
Según el gremio, ese tiempo es más que suficiente para que la división haya elaborado el informe que dijo conocer el ex intendente Mauricio Peña y Lillo.
Cámara Franca mencionó igualmente que el intendente, Claudio Radonich, “mantiene una política de dilación cuando señala que para tomar una decisión debe esperar el resultado de la auditoría que está realizando la Contraloría General de la República al mismo contrato.
Desde el gremio recuerdan que el Presidente Sebastián Piñera se comprometió con la comunidad en su visita de enero de este año, que en marzo de 2013 se tendría el resultado de la auditoría y se determinaría si existían incumplimientos que ameritaran caducar o no el contrato de concesión.