
Fueron los mismos Tribunales los que ordenaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indagar estos sucesos, que terminaron con el detective de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente con cargos en su contra por apremios ilegítimos y delito informático.
Aunque el Ministerio Público no había pedido la prisión preventiva, sí lo hizo el querellante por la familia, Rodrigo Román, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que fue acogido por el magistrado Daniel Urrutia.
“Y el delito de tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y por lo tanto es uno de los más graves de nuestra legislación, cometido por o eventualmente cometido por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad social”, dijo el juez.
El magistrado acusó que “la misma institución está produciendo, evidentemente, un encubrimiento en relación con no dar los nombres de aquellos que participaron”.