
En el caso de la quema de maquinarias en Lumaco, se presentará una querella por delito de incendio y destrucción de la propiedad.
Mientras que por el ataque incendiario la madrugada de ese viernes, en el fundo Santa Ana de Vilcún, propiedad de Gastón Escala Aguirre, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, el Gobierno se querellará por el delito de incendio en carácter terrorista.
“El jueves en la mañana intendente de La Araucanía presentará dos querellas. Una por delito de incendio y destrucción a la propiedad, en el caso de las maquinarias quemadas en la comuna de Lumaco. Y en el caso del incendio de la casa de la familia Escala en el fundo Santa Ana, se presentará una querella por el delito de incendio en carácter terrorista”, anunció Ubilla en La Moneda.
“Esto tiene que ver con la gravedad de los antecedentes, de los panfletos y de la información recopilada por la policía en el sitio de los hechos. Si uno mira los panfletos que se encontraron a las afueras de la propiedad se hace un claro llamado a la violencia con el intento de amedrentar a las familias, a los propietarios, para abandonar el lugar usando el terror, el temor como herramienta”, agregó.
Ubilla explicó que el material de propaganda encontrado en el lugar advierte literalmente que “si no hay tierra habrá guerra”.
“Ese es el llamado que hace este grupo frente a este incendio, a este delito y es por la tanto, a la opinión de los abogados del Ministerio del Interior, y la decisión del gobierno, de presentar esta querella invocando la Ley Antiterrorista”, precisó.
Para explicar qué motivó a recurrir a esta herramienta jurídica, Ubilla planteó que “la idea era evaluar el detalle de la información, ya tenemos claridad, se ha hecho todo el análisis desde el punto de vista jurídico y creemos que es fundamental sobre todo por la cercanía de este hecho que se produce con los atentados en Vilcún hace un año atrás exactamente en la propiedad del matrimonio Luchsinger Mackay”.
En cuanto al juicio que comenzará dentro de un mes contra Celestino Córdova, único imputado por el incendio que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en enero de 2013, el subsecretario se mostró confiado en que la justicia avance y se sancione a los culpables. “Deben responder ante la justicia y esperamos que sean condenados para dar tranquilidad a quienes perdieron a sus padres hace un año atrás”, puntualizó Ubilla.