Esto, porque horas antes había quedado al descubierto el envenenamiento de 40 perros, los que fueron encontrados muertos en distintos sectores de la ciudad.
Tanto la matanza como la furia de la gente que irrumpió en la Catedral fueron noticia nacional. Incluso los descontrolados manifestantes llegaron a la casa del obispo Bernardo Bastres, acusando a la autoridad eclesiástica de incitar a sacrificar animales, uno de los cuales depositaron a la entrada de la residencia.
La investigación por la muerte de los perros recayó en manos del fiscal Eugenio Campos Lucero, tema que trabajó con peritos de la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones (Bridema). Incluso se le hicieron llegar peritajes realizados en laboratorios de Santiago que confirmaron el uso de veneno, restando establecer el tipo que se utilizó.
Detectives de la Bridema se trasladaron desde Coyhaique a Punta Arenas a cumplir varias diligencias y pericias, como también les correspondió tomar declaraciones.
Entre medio, el alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, y algunos concejales, presentaron una querella por estos hechos. Un delito que penalmente se conoce como “maltrato y crueldad”.