Amnistía Internacional califica las prisiones brasileñas de “verdaderas escuelas del crimen”. El Gobierno brasileño ha admitido la “dramática” situación de las cárceles del país y en especial en Maranhao, donde 62 presos murieron desde enero de 2013 en una ola de violencia que tomó las calles de ese estado, con atentados ordenados desde las prisiones frente al refuerzo de la seguridad.
La violencia desatada en Maranhao, que incluyó atentados contra autobuses de transporte público en los que la semana pasada murió una niña de seis años, fue debatida por un consejo gubernamental encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia.
La Jefa de Estado, Dilma Rousseff, también analizó el caso con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien luego viajó hacia la ciudad de Sao Luis, capital de Maranhao, para estudiar con la gobernadora de este estado, Roseana Sarney, el apoyo que puede dar el Gobierno Federal. Según fuentes oficiales, ese apoyo incluirá el traslado de los cabecillas de las mafias a otras regiones del país y créditos para acelerar las obras de tres prisiones que se construyen en Maranhao, a fin de reducir el hacinamiento.
El consejo de derechos humanos, por su parte, calificó de “dramática” la realidad de las cárceles y planteó una serie de acciones para ponerle coto a las “sistemáticas violaciones” en los presidios de ese estado nororiental. En un comunicado difundido tras la reunión, el consejo admitió que el caso de Maranhao se enmarca en un “contexto nacional de graves violaciones en el sistema penitenciario”.
Reconoció que esa situación es especialmente grave en la cárcel de Pedrinhas, en Sao Luis, donde además de las muertes de presos se han denunciado “violaciones de familiares” en los días de visitas, lo cual refleja una “ausencia absoluta de control” por parte de las autoridades. Asimismo, exigió una “inmediata investigación” de esos hechos y que sean identificados y castigados los responsables, tal como lo demandó este miércoles, desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.