El gremio, luego de que el Comité de Control y Seguimiento de Zona Franca oficiara al Servicio de Impuestos Internos para confirmar si el monto entregado al Gobierno Regional por el pago anual de la concesión, es correcto, señaló ayer que la medida adoptada por el intendente Claudio Radonich es “dilatoria”. Luego de que el Comité de Control y Seguimiento de Zona Franca, determinara oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) para confirmar si el monto entregado por Sociedad Rentas Inmobiliarias (SRI) al Gobierno Regional (GORE) por el pago anual de la concesión correspondiente al 28% de los ingresos brutos, es correcto, la Cámara Franca señaló ayer que la medida adoptada por el intendente Claudio Radonich le parece “inoficiosa, dilatoria y estulticia”.
El gremio aseguró que el SII no cuenta con los informes financieros de la SRI, puesto que todo contribuyente presenta a ese servicio declaraciones juradas, entre otras, de sus ingresos brutos anuales, pero no adjunta el balance ni los estados de resultado para comprobar sus declaraciones.
En este marco manifestó que si el SII necesitara esos informes para responder la solicitud del intendente, entonces debe recurrir a la concesionaria y pedirle copia de sus informes contables, cuestión que puede ocurrir incluso en abril, dado que en la mayoría de los casos, los contribuyentes terminan sus balances al 31 de marzo.
“Suponemos que el intendente conoce el funcionamiento de estos procesos y por ello nos parece que la medida sólo busca dilatar la fiscalización por un período que le asegure que él ya no estará en el cargo que hoy ostenta, evadiendo así responsabilidades”, aseguró el gremio.
Agregó que consideran además inoficiosa la solicitud realizada por el intendente al SII en circunstancias que la respuesta a su consulta la tiene a su disposición desde el día 14 de enero, puesto que el gerente general de SRI, Eugenio Prieto, le informó por escrito en su carta conductora del vale vista del pago del Precio de Concesión que “el total de los ingresos percibidos ha sido revisado y validado por auditores independientes”.
Agrega que la Auditoría de Ernst & Young señala que en las aclaraciones de intendencia a las Bases T.R. Nº 10 de fecha 15/03/2007, en su pregunta Nº 60 letra b) se define que el pago de la Concesión Anual correspondiente al 28% de los Ingresos Brutos Anuales, en una definición contable corresponde no sólo a los Ingresos Percibidos sino a los Ingresos Devengados. Manifestó que para que la opinión pública entienda, en estos ingresos brutos deben incluirse todos los pagos que correspondan al año 2013, incluyendo por cierto el 1,9% y 2,2% del CIF de todas las facturas emitidas el año 2013, incluyendo la de diciembre del año 2013, en que gran parte se cancela en la primera quincena del año 2014 y que corresponde al mes de mayores ventas anuales.
“Reiteramos que el propio informe de auditoría encargado por el Ministerio del Interior a la empresa Ernst & Young en sus páginas 43 a la 47 analizan el cumplimiento del pago del precio de concesión y en sus hallazgos concluye que hasta 2011, la intendencia regional habría recibido un menor monto por concepto de Precio de Concesión por M$ 143.789 por pagar por Ingresos Brutos Percibidos, en vez de por Ingresos Brutos Anuales Devengados y Percibidos”, manifestó además la Cámara Franca, manifestando igualmente que “si el perjuicio fiscal está identificado y calculado por la propia empresa auditora que el Gobierno contrató para revisar el cumplimiento del Contrato de Concesión, no se entiende por qué el intendente permite que el perjuicio fiscal continúe aceptando que SRI Ltda. siga pagando sobre Base de Ingresos Percibidos sin sumarle los Ingresos Anuales Devengados”.
Agrega que “este incumplimiento no tiene que ver con las materias que el tan esperado informe de Contraloría está abordando, por tratarse de hechos ocurridos en fecha posterior al que abarca el informe especial, por ello el intendente tiene el deber de reaccionar, impidiendo el ilícito y así no se hace cómplice de consentir una nueva defraudación al Estado por parte del Concesionario SRI”.
Sociedad Rentas Inmobiliarias
Tras la denuncia de la Cámara Franca, Sociedad Rentas Inmobiliarias dejó en claro que las acusaciones de Cámara Franca “no tienen fundamento jurídico”, enfatizando en que “son parte de la campaña de desprestigio que majaderamente realiza el gremio en contra la concesionaria”.
Explicó en primer término que el Contrato de Concesión de la Zona Franca de Punta Arenas en su cláusula 14 señala explícitamente que: “La Sociedad, durante la vigencia de este contrato, deberá pagar por concepto de Precio de Concesión (“P”) a la intendencia regional, cada año y dentro de los primeros quince días del mes de enero, el equivalente al veintiocho por ciento de los Ingresos Brutos Anuales que perciba la Zona Franca, todo ello en conformidad al ejercicio anual correspondiente”.
En este marco, señala que según consta en el Informe de la Dirección de Administración y Finanzas (DAE) de la Intendencia de Magallanes, se analizó el pago de la concesión de Zona Franca, con los antecedentes e informes de Ernst & Young a su disposición, y en ella “se concluye que el pago del 28% por ingresos percibidos del año 2012 por $1.160.907.458, es correcto, dando fe a los informes y declaraciones anteriormente detalladas”.
“La Zona Franca de Iquique, el único parámetro disponible en Chile, posee la misma base de cálculo que utiliza SRI para el pago de su concesión, con la excepción que en Iquique el pago que se realiza es del 15%. Incluso, la redacción de la cláusula es la misma”, afirmó igualmente la consecionaria, manifestando que “decir que Cámara Franca usa como defensa de su argumentación una sección del informe de Ernst & Young que es puramente una simulación de lo que podría haber sido pagado, siendo ésta una mera interpretación de los ingresos devengados. Por tanto, no es una conclusión de E&Y. Es más, esta información se encuentra en un apartado del informe titulado Materias a Resolver entre el Fisco y el Concesionario”.
En síntesis, la concesionaria enfatizó que ha pagado con base en los ingresos consistentes en el tiempo y que nunca han sido cuestionados por las autoridades pertinentes como la DAE, la intendencia o la Comisión de Control de Seguimiento.
Finalmente, dijo que los retornos sociales han sido los más altos de la historia, ya que en promedio de los últimos 6 años, SRI ha entregado a la región de Magallanes 14,3 veces más que el promedio de la anterior concesionaria.