Frente a una importante cantidad de invitados especiales, el profesional rindió su cuenta pública anual, correspondiente a la gestión 2013.
En este cuarto año de trabajo, indicó que la Fiscalía de Magallanes ha trabajado en pos de mejorar, continuamente la tramitación de las investigaciones para la solución a los conflictos penales, los procesos de gestión y la atención y protección a las víctimas y testigos, analizando el fenómeno delictual desde diversas perspectivas con el objeto de dar respuestas oportunas a las personas, estandarizando criterios y formas de trabajo, “todo bajo la óptica de autocrítica que permite mejorar, corregir y superar las falencias y dificultades”.
Causas
El año 2013 ingresaron 10.830 causas en la región. Los delitos más recurrentes corresponden a las lesiones, con 1.861 casos; los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, con 1.323; los hurtos, con 1.121 casos; otros delitos contra la propiedad, con 997 casos; y los robos no violentos, con 928.
El porcentaje de casos terminados fue muy alto. El 53,8% de los casos terminó con intervención judicial y al 46,2% se les aplicó una salida facultativa, destacándose el bajo nivel de causas archivadas por falta de antecedentes.
Tránsito
El fiscal informó que los ilícitos que registraron mayores alzas respecto a 2012, fueron los de la Ley de Tránsito con 36,7%, los económicos con 28%, los contra la fe pública con 27,7% y los homicidios con 25%.
El Ministerio Público participó en 97 juicios orales y en un 81,4% obtuvo al menos una sentencia condenatoria en el caso.
Más de mil víctimas y 430 testigos fueron atendidos por la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).
Respecto a los desafíos para este año, Meléndez mencionó la puesta en marcha de la Ley 20.603, ello luego de la reciente publicación de sus reglamentos, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Asimismo, reafirmó la necesidad de incrementar la dotación de fiscales y funcionarios, debido a la gran carga de trabajo que cada uno tiene. A la vez manifestó su preocupación por dotar a los habitantes de la ciudad de Puerto Williams y de toda la Isla Navarino de acceso a la justicia, en igualdad de condiciones con los demás habitantes de la región.