“Si se genera competencia entre abogados de mejor calidad, ello necesariamente redundará en un mejor servicio para los imputados”, aseguró la profesional. La Defensoría Penal Pública dio inicio a un nuevo proceso licitatorio de defensa penal, el 19° a nivel nacional y el 5° a nivel regional. En Magallanes la defensoría espera licitar cinco jornadas de abogados, cuatro en Punta Arenas y uno en Porvenir, para cubrir el 60 por ciento de las causas que ingresen en la región. El monto total de la licitación asciende a 535.600.000 pesos para un periodo de tres años y la adjudicación del proceso debe estar resuelta en el mes de abril del presente año.
Habiendo cumplido un año en su cargo como defensora regional, Gustava Aguilar espera sortear con éxito la licitación y explica las novedades del nuevo proceso que privilegia los aspectos técnicos de las ofertas por sobre lo económico.
- ¿Cuáles son las principales características del nuevo modelo?
El nuevo modelo contrata servicios de defensa penal pública y los va pagando regularmente, de acuerdo con el avance de las tareas de defensa, medidas por distintos indicadores de gestión. En el proceso de competencia tienen especial relevancia los aspectos técnicos de la oferta, y considera en la evaluación económica el monto de las remuneraciones de los abogados. El modelo posee un sistema de pago variable, que mejora económicamente aquellos proyectos cuyos abogados, gerentes y administrativos tienen mejor desempeño”.
- ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo modelo respecto del anterior?
“El nuevo sistema posee varias ventajas, que provienen de los avances en el tiempo y en la información acumulada gracias al funcionamiento del modelo anterior. Privilegia la calidad y experiencia de los abogados, sin dejar de lado aspectos de costo del servicio y eficiencia. Mejora la calidad de los abogados, al darles puntajes y hacerlos competir por su experiencia y calificación, dando peso a la oferta técnica. Otorga mayor ponderación a la remuneración de los abogados y asistentes como una forma de conseguir la eficiencia en aspectos de gestión y organización de los servicios y no en menor calidad de los profesionales que se integran en una propuesta”.
- ¿Qué significa la idea de asegurar una mejor calidad de defensa para quien quiera licitar causas?
“En el nuevo modelo las exigencias para los abogados son mayores, puesto que ya existe bastante experiencia y conocimiento en el sistema. Por ejemplo, el nuevo sistema atribuirá puntajes conforme a la experiencia que el abogado certifique y a la calificación que haya obtenido en la prueba de habilitación para participar. Se hace competir a los oferentes por atributos relacionados con la calidad. Se les formulan mayores exigencias y los prestadores con mejores rendimientos podrán aspirar a ganar un pago complementario o variable en compensación por ello. El objetivo es potenciar la calidad”.
- ¿En qué consiste el pago variable?
“Junto con el pago fijo, que es mensual y regular por la prestación de los servicios de defensa, el modelo considera un pago variable de carácter trimestral al que se harán acreedores aquellos prestadores cuyo cumplimiento, conforme a ciertos indicadores vinculados a buena gestión, buen trabajo administrativo y buen desempeño de las tareas de defensa, sean de calidad sobresaliente. La existencia de recursos para pago variable asociados a un buen comportamiento y desempeño debería tender a retener dentro del sistema a los mejores abogados, capaces de cumplir tales indicadores. Lo mismo busca el criterio de premiar el puntaje de los prestadores que ofrezcan mejores sueldos a sus abogados”.
- ¿Cómo afectarán estos cambios a los usuarios?
“El objetivo es que el diseño del sistema resulte más exigente para los prestadores y las tareas que éstos deben cumplir con los imputados. Si se genera competencia entre abogados de mejor calidad, ello necesariamente redundará en un mejor servicio para los imputados atendidos por esos abogados”.