Andro Mimica, en tanto, afirmó que “no es ético recibir subsidios con sueldos que la mayoría de los chilenos no tiene”, mientras que Mario Pascual y Julián Mancilla solicitaron realizar una investigación acuciosa, y en el caso de ser necesario, cursar las sanciones correspondientes. Diversas reacciones tuvo la crónica de Diario El Pingüino, publicada ayer, en la que se dieron a conocer los detalles del informe de la Contraloría General de la República, al inspeccionar en el marco de su plan anual de fiscalización, a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas.
Tras la investigación del ente contralor, se estableció que registran subsidios de agua potable funcionarios municipales y servidores a honorarios, cuyas rentas brutas no coinciden con lo solicitado para obtener el beneficio, considerando que estos tienen una renta superior a un millón de pesos.
A primera hora de la mañana la Dideco emitió un comunicado de prensa en el que su director Claudio Carrera manifestó su parecer respecto al informe (ver recuadro), pronunciándose más tarde sobre la materia el propio alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, quien quiso dejar en claro que “los funcionarios cumplen con los requisitos que la ley impone para poder postular”.
Esto, dijo, ya que el Ministerio de Desarrollo Social plantea requisitos muy básicos para poder postular, como mantener las cuentas de consumos básicos al día y tener aplicada la Ficha de Protección Social, sin puntaje solicitado.
Es por ello que dijo que requerirá más información en el ministerio y en la propia Contraloría, mencionando que “no quiero que esto se transforme en una caza de brujas”,
Estableció eso sí que “yo no postularía nunca a un subsidio de agua, y alguien podría decir que tengo una mejor renta, pero ni siquiera en mis tiempos de funcionario lo hubiera hecho, pero no puedo inhibir, si el Estado no lo prohíbe en forma expresa, que puedan postular funcionarios municipales, en la medida que no se esté restringiendo el derecho de otro”.
Otras observaciones
Entre otras observaciones, Contraloría constató que las ayudas sociales entregadas por una asistente social, no fueron publicadas en el sitio electrónico del municipio, lo cual contraviene las disposiciones contenidas en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.
Asimismo, se determinó que no todos los arriendos y alojamientos que se entregan como apoyo a las familias necesitadas, cuentan con su documentación legal de respaldo.
En este marco el alcalde Boccazzi manifestó que se entregaron beneficios sin rendir debido a la urgencia que tenían las familias que resultaron anegadas tras el aluvión del Río Las Minas, principalmente alojando a vecinos en hostales o residenciales.
Concejales
Algunos concejales se manifestaron sorprendidos con la información y otros señalaron haber tenido antecedentes sobre la entrega de subsidios a funcionarios municipales con sueldos superiores al millón de pesos.
El último es el caso de Vicente Karelovic, edil que fue el más crítico con la actitud de los profesionales, exigiendo su despido inmediato.
“Nosotros ya teníamos algunos antecedentes, pero ahora se destapó totalmente la olla, y esto es una sinvergüenzura, por lo que esos funcionarios que cometieron esa tropelía tienen que ser exonerados de inmediato.
En este marco dijo que le pedirá al alcalde Boccazzi que proceda con “todo el rigor”, destacando que “no podemos tolerar que en detrimento de la gente más necesitada funcionarios que ganan más de 1 millón de pesos perciban esos beneficios, por lo que hay que actuar drásticamente”.
Fue enfático en señalar además “El Patriarca” que “deben haber muchos más involucrados que los que están en esa lista”, manifestando que los funcionarios implicados en este tipo de irregularidades bordearían los 50, todos quienes a su juicio debieran devolver el dinero ahorrado en subsidios.
En tanto, informó que una funcionaria que desempeñaba labores en la Dideco, “que mantenía antecedentes de muchas cosas”, fue trasladada al edificio central de la Municipalidad de Punta Arenas, a petición del director Claudio Carrera.
Para Andro Mimica, en tanto, más allá del tema legal en el que puedan estar incurriendo los funcionarios, debiéndose investigar caso a caso, dado que algunos pueden incurrir en gastos que realmente no le permitan cancelar el consumo, “no es ético recibir subsidios con sueldos que la mayoría de los chilenos no tiene”.
“Es parecido al caso de las hijas de Laurence Golborne, que optaron a casas del Estado, que si bien el proceso no es irregular, suena irrisorio que las hijas de un millonario opten a esas casas en desmedro de familias que realmente lo necesitan”, añadió.
Los concejales Mario Pascual y Julián Mancilla solicitaron realizar una investigación acuciosa, y en el caso de ser necesario, cursar las sanciones correspondientes.
“Algo no está funcionando, algo está pasando que permite que se pueda vulnerar el sistema de asistencia social que recibe la gente más vulnerable de la comuna y no me parece, independientemente a que una familia pueda gastar más de 1 millón de pesos, que se pueda acceder tan fácilmente a este beneficio”, enfatizó el secretario general regional del Colegio de Profesores, añadiendo que “no criticaré a los trabajadores, porque esa no es mi función, pero habrá que hacer una investigación que determine por qué se le entrega este beneficio social a gente que gana más de 1 millón de pesos y luego aplicar alguna norma correctiva a este asunto”, precisó.
Para Pascual, en tanto, “si la situación actual es así, me parece desastroso”, señalando que podría darse el caso que algún funcionario pudiera haber tenido una situación distinta hace algunos años y haber mejorado sus ingresos, y no haber corregido esta situación, “lo cual igual me parece mal”, remarcó.
“El alcalde tiene que hacer la investigación que corresponda, una investigación sumaria, para después establecer los mecanismos necesarios para corregir y sancionar si es que hay responsables”, afirmó.
Dijo el sicólogo que además hay que transparentar qué sucede, no sólo en el tema del subsidio de agua potable, sino también con la entrega de arriendo o de casas sociales, situación que debiera replicarse además en el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, precisó.
Asociación de funcionarios
Tras la publicación, en tanto, molesta reaccionó la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales, Claudia Díaz, quien dijo que lo acontecido se trata de un “circo mediático”.
Estableció la dirigenta que en ningún caso Contraloría dijo que los funcionarios no pueden recibir estos beneficios, “porque son ciudadanos al igual que todos”.
Mencionó que actualmente se está elaborando la respuesta a este informe, y que en este marco se hará ver que de los ocho funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas, sólo cuatro están recibiendo el subsidio.
Además quiso aclarar que las rentas mencionadas superiores al millón de pesos, “no te dicen cuál es la realidad social del funcionario”, considerando que los ingresos son brutos, debiéndose descontar las imposiciones y un bono que les fue entregado en el período de realización de la fiscalización de Contraloría.
“No son sus sueldos reales”, enfatizó, estableciendo que “me parece que es un poco liviano hacer un escándalo de algo que tiene un trasfondo social, porque nosotros también somos personas”.