Mencionó que Contraloría “cometió un error” al dar a conocer en su informe los nombres de los funcionarios involucrados en la entrega de subsidios de agua potable. El presidente de la Federación de Trabajadores Municipales de Magallanes, Jorge González, salió en defensa de los funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas, mencionados en un informe de Contraloría por recibir subsidios de agua potable, pese a tener una renta superior al millón de pesos.
“Aquí no se ha vulnerado ningún derecho”, enfatizó el dirigente, quien estableció además que Contraloría “cometió un error”.
“La Contraloría cometió quizás un error, porque éste es un beneficio estatal que se otorga a los ciudadanos, que tiene requisitos, y en ninguna parte de la ley se dice que los funcionarios que perciban determinadas rentas no puedan tener acceso a este tipo de subsidios, y en este sentido hay un menoscabo de parte de Contraloría al dar a conocer los nombres, sin que se dé cuenta de los criterios que se utilizaron para que estas personas tengan el acceso”, enfatizó.
Explicó que además se debe considerar que se trata de remuneraciones que no coinciden con el sueldo líquido que los funcionarios perciben a fin de mes.
“No todo lo que se coloque en el papel es”, remarcó González.
Al ser consultado, en tanto, sobre las observaciones referentes a que Contraloría constató que las ayudas sociales entregadas por una asistente social, no fueron publicadas en el sitio electrónico del municipio, mencionó que “han existido algunos problemas con la página web, de hecho se va a llamar a licitación, porque hay que modificarla”.
Precisó, eso sí, que hay que considerar que dentro de los primeros 10 días de cada mes se debe dar a conocer toda la información pública ocurrida en el anterior. “Si no se ha hecho debe corregirse, pero eso no se relaciona con lo que salió publicado en los medios, son situaciones muy distintas”, aseveró.

Concejal Aguilante
Quien se refirió ayer además al informe de Contraloría, desde Argentina, dado que se encuentra en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura en el Festival de Cosquín, fue el concejal José Aguilante, quien tuvo una postura similar a la de González, mencionando que “independiente que las personas trabajen en el sistema municipal u otra repartición del Estado, tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de recibir los beneficios que por ley otorga el Estado”.
Agregó que “siendo éste un principio básico de equidad, es necesario aclarar que para que aquello ocurra, deben cumplirse con absoluta rigurosidad los criterios técnicos y de carencia social que permiten acceder a los beneficios mencionados”, refiriéndose en este marco que “es imprescindible despejar todo tipo de dudas ante la comunidad para poder garantizar a nuestros vecinos la objetividad y rectitud en el proceder del municipio”.