Son funcionarios de exclusiva confianza, es decir, su renuncia puede ser solicitada en cualquier momento por la autoridad facultada para su nombramiento. El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia de varios directivos que ingresaron al servicio público a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Dicha situación fue lamentada por el futuro intendente, Jorge Flies, quien señaló que a partir del 11 de marzo se evaluarán “caso a caso” los puestos.
Pero quienes ingresan a este tipo de instancias y qué requisitos deben cumplir, es lo que se explicará a continuación.
El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) es una de las reformas más relevantes del proceso chileno de modernización del Estado, cuyo objetivo es dotar a las instituciones del gobierno central –a través de concursos públicos y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad.
Se crea el año 2003, tras un acuerdo político-legislativo entre gobierno y oposición con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública. Una de las características de este proceso de reforma es el consenso político con que se lleva adelante.
El sistema ADP partió el año 2004 con 417 cargos y en los últimos años –producto de su reconocimiento y validación- ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción no sólo a nuevos servicios públicos del gobierno central sino a otros organismos del Estado y del ámbito municipal, que utilizan la ADP como mecanismo de selección directiva en base al mérito.
A diciembre de 2013, los cargos que se eligen a través de la ADP llegan a 1.246 (tanto adscritos y no adscritos), lo que implica un aumento de un 300% en el número de cargos con que se inició su implementación. En la actualidad, además de los cargos de servicios públicos, le corresponde participar en la selección de los directores independientes de Codelco, jueces y secretarios de tribunales Tributarios y Aduaneros, ministros de Tribunales Ambientales, nuevos organismos de la nueva institucionalidad educacional, y más recientemente en los concursos de jefes de Departamentos de Educación municipal y de directores de escuelas y liceos municipales, entre otros.
De los 1.246 cargos que se seleccionan a través de la ADP, 942 corresponden a cargos adscritos pertenecientes a 112 servicios públicos del gobierno central. Mientras que otros 304 cargos no adscritos pertenecen a 227 organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos a través de la ADP.
De los 942 cargos adscritos, un total de 110 son de I Nivel Jerárquico, en que la autoridad que nombra es el Presidente de la República, se trata fundamentalmente de jefes de servicios y son cargos de confianza. Otros 832 cargos son de II Nivel Jerárquico, en que la autoridad que nombra es el jefe de servicio y también son cargos de confianza.
El sistema establece la existencia de un Consejo de Alta Dirección Pública, organismo integrado por 5 consejeros, cuatro de ellos nombrados por el Presidente de la República con la ratificación del Senado, los que cuentan con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en administración de personal y/o políticas públicas. A ellos se suma el director nacional del Servicio Civil, cuya designación directa le corresponde al Presidente de la República.
La función del Consejo ADP es conducir y regular –coordinadamente con el Servicio Civil- los procesos de búsqueda y selección de directivos y cautela los principios de mérito e idoneidad, transparencia, no discriminación y confidencialidad, entre otros.
Desempeño
Los altos directivos públicos de cargos adscritos nombrados mediante el Sistema ADP tienen una duración de tres años en su cargo y pueden ser renovados hasta dos veces, por igual plazo.
Son funcionarios de exclusiva confianza, es decir, su renuncia puede ser solicitada en cualquier momento por la autoridad facultada para su nombramiento.
Ejercen sus funciones con dedicación exclusiva y tienen derecho -en caso de solicitud de renuncia- a una indemnización por cada año de servicio en el cargo, con un máximo de seis.
Convenios de desempeño
Los altos directivos públicos cuyos cargos están adscritos a la ADP firman un convenio de desempeño, que cumple con la doble función de orientar y evaluar el desempeño de éstos. El convenio lo firman con su superior jerárquico y tiene una duración de tres años.
En los convenios se incluyen las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos de resultados a alcanzar, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos.
El alto directivo debe informar a su superior jerárquico el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos, correspondiendo al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.
Proceso de concurso
Dependiendo del cargo y de si se trata de I o II Nivel Jerárquico, el Consejo de Alta Dirección Pública o un Comité de Selección, designado por éste, elige por concurso público a los postulantes, los que son propuestos a la autoridad facultada para el nombramiento, ya sea el Presidente de la República, ministro de Estado o jefe de servicio correspondiente.
El proceso de concurso -que es confidencial- toma aproximadamente tres meses (cerca de 85 días) y se inicia con una convocatoria en la prensa escrita.
Luego, una empresa especializada en selección de personal realiza el análisis curricular de los candidatos, el chequeo de antecedentes y las entrevistas respectivas y presenta al Consejo de Alta Dirección Pública o al Comité de Selección una nómina de preseleccionados.
El Consejo ADP o el Comité de Selección elige a los candidatos mejor evaluados y luego de entrevistarlos personalmente elabora la nómina final (3 a 5 candidatos), que es enviada a la autoridad competente para el nombramiento final. La autoridad, tal como estable la ley, puede declarar desierto el concurso, correspondiendo iniciar otro proceso.
Competencias
La elección de los cargos de primera línea del Estado mediante un sistema de concurso público, da cuenta de la voluntad política de renunciar a la discrecionalidad directa e inmediata en los nombramientos, privilegiando la idoneidad y las competencias por sobre otros criterios.
Pese a las lógicas barreras que surgen ante cambios culturales de este tipo, el sistema ha madurado y se ha ido consolidando.
Se ha generado un círculo virtuoso en la mayor parte de los servicios incorporados al sistema, en los que se ha extendido la concursabilidad hacia otros niveles.
Proceso líder
El proceso iniciado por Chile es uno de los más ambiciosos de Iberoamérica y sigue la experiencia de otros países del mundo, los mismos que hoy han logrado estadios de desarrollo económico y social superiores al nuestro, como Nueva Zelanda y Australia.
Se trata de una transformación que han adoptado varios países de la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la que actualmente Chile es miembro.
La creación del Sistema, que sigue la experiencia anglosajona en la materia, es considerado uno de los hitos más relevantes en el proceso chileno de modernización de la gestión pública.