Luisa Gallardo fue una de las funcionarias que apareció con nombre y apellido en el informe de Contraloría, que publicaba irregularidades en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Denunció que algunos trabajadores estaban recibiendo subsidios de agua potable, pese a percibir más de un millón de pesos en sueldo mensual.
Fue tras ello que el concejal Vicente Karelovic pidió al alcalde Emilio Boccazzi que todos estos funcionarios sean despedidos, declaraciones tras las cuales decidió interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, contra el edil, manifestando en éste que cuando se enteró de dicha noticia se vio “gravemente afectada en su integridad síquica y la de su familia, señalando que además nunca recibió dicho subsidio.