El fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre, indicó que aportaron nuevos antecedentes. Tras la reapertura por el delito de fraude y malversación de caudales públicos que afectó a la comuna de Timaukel, el fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre, indicó que “se cerró la investigación”.
“En Porvenir se presentó la acusación con estos nuevos antecedentes. Se mantienen las penas y los acusados” aseguró el fiscal Aguirre.
Entre los nuevos antecedentes recopilados, el fiscal jefe de Punta Arenas, dijo que “se pidió hacer un nuevo informe fotográfico a fin de demostrar que habían realmente ciertas áreas verdes, las que en definitiva no existían en la cantidad que ameritaba esos pagos y oficios solicitados al Servicio de Impuestos Internos”.
El millonario fraude guarda relación con un extenso listado de pagos por comidas, compras y obras que nunca se ejecutaron, pero que sí se cobraron con fines personales, según detalla el fiscal en la acusación descrita en capítulos y que suma decenas de carillas.
Principalmente el fiscal logró establecer en su investigación gastos excesivos en banquetería, almuerzos, comidas, compras, algunas de carácter personal traducidas en mercadería adquirida en supermercados.
Además de trabajos que se contrataron y cancelaron, muchos de los cuales jamás se ejecutaron, fraudes cometidos entre los años 2009 y 2011.
Penas
Cerrada la investigación, el fiscal Felipe Aguirre presentó ayer la acusación en contra de todos los imputados.
La lista la encabeza el ex jefe comunal, Atilio Fabián Gallardo Bustamante, para quien solicita dos condenas: una de siete años de presidio “como autor de los delitos de fraudes reiterados” y otra de cinco años de cárcel, por “malversación de caudales públicos”.
Para Néstor Fabián Caro se solicitan las mismas dos penas: de siete y cinco años de presidio, por iguales delitos.
El listado continúa con el ex administrador municipal, Luis Antonio Meriño Lema, quien arriesga cinco años y un día de presidio, por “fraudes reiterados” y otros tres años en su calidad de “cómplice de malversación de caudales públicos”.
Para Patricio Alfredo Arteaga Zárate el fiscal solicita dos penas que suman ocho años. La primera, de cinco años y un día de presidio, por “delitos de fraudes reiterados”; y la segunda de tres años y un día por cómplice de “malversación de caudales públicos”.
En el caso de Miguelina del Carmen Barría Álvarez y Sixto Octavio Subiabre Alarcón, el Ministerio Público pide una sanción de cinco años y un día de presidio cada uno, “como autores de estafas reiteradas”.
Para Adán Huenteo Antimán solicita cinco años de presidio como “autor de estafas reiteradas”.
Cierra la lista quien fuera asesora del Gobierno, Yolanda Pamela Díaz Chacón, para quien la fiscalía pide una pena única de tres años y un día de presidio, en su calidad de “autora de estafas reiteradas”.
La estafa investigada por el fiscal con especialidad en “delitos funcionarios y probidad pública”, superaría los 150 millones de pesos en perjuicio de las arcas municipales de Timaukel. Donde los imputados fueron formalizados por la Fiscalía por estafas reiteradas y fraude al fisco, lo que le costó permanecer siete meses bajo arresto domiciliario. Además fue destituido por notable abandono de deberes.