“Hay un entorpecimiento hacia la labor del Ministerio Público, quien pidió una auditoría a Ernst & Young, con fecha 5 de junio de 2013, fecha en que la intendencia dijo que no la tenía, sin embargo esta auditoría la tuvo el intendente (Mauricio) Peña y Lillo”, dijo el presidente de la Asociación de Usuarios de Zona Franca, Tomás Buvinic. Una nueva acción judicial se presentó ayer por parte de los usuarios de Zona Franca de Punta Arenas, en torno al caso del recinto franco, donde se acusa de obstrucción a la investigación.
A las 11 horas de ayer, los representantes de la Asociación de usuarios de Zona Franca de Punta Arenas, llegaron hasta el Juzgado de Garantía, donde interpusieron una querella en contra de quienes resulten responsables en la ocultación de información.
El presidente de la Cámara Franca, Tomás Buvinic, dijo que “hay un entorpecimiento hacia la labor del Ministerio Público, quien pidió una auditoria a Ernst & Young, con fecha 5 de junio de 2013, fecha que la intendencia dijo que no la tenía, sin embargo esta auditoría la tuvo el intendente (Mauricio) Peña y Lillo el 17 de abril de 2013, y un funcionario público no puede evitar entregar los datos que se les está solicitando”.
Por su parte, el abogado de la entidad, Max Müller, manifestó que esta acción legal se suma a una anterior. “Esta es una acción que para nosotros resulta sumamente relevante, sobre todo para la otra acción penal que hemos interpuesto, de facilitación de fraude al fisco. Puesto que la tesis que ha mantenido la Cámara Franca respecto de los incumplimientos contractuales que han existido en Zona Franca, sería de carácter doloso. Esta situación es curiosa, porque la negativa del intendente de la época, en junio de 2013, de no entregar el informe de auditoría de Ernst & Young al Ministerio Público, es a lo menos sospechosa, por cuanto la auditoría precisamente lo que hace es esclarecer el daño patrimonial, que estaría siendo víctima el Estado de Chile, y que además es un elemento constitutivo de la facilitación al fraude”.
Müller agregó que con esta acción, además pretenden que la fiscalía se percate que también fue afectada por este ocultamiento de información, donde se entorpeció su trabajo.
Abandono de deberes
Respecto de la auditoría entregada el 2013 por la consultora Ernst & Young, y posteriormente realiada por Contraloría, Tomás Buvinic, presidente de la Asociación de usuarios de Zona Franca, indicó que existe un notable abandono de deberes.
“No comprendo como intendencia, teniendo los balances de los años 2007 al 2011, entregados por rentas inmobiliarias, que envió estos balances para ser auditados a Ernst & Young, entonces no comprendo como teniendo esos balances no se ha entregado a Contraloría. El 12 de febrero recibí una carta del ministro del Interior, donde dice con respecto a una carta que le envió al Presidente (Sebastián Piñera), el 29 de noviembre, donde se informó que existía una auditoría y el Ejecutivo no está haciendo ninguna acción con respecto a esta auditoría que tuvo en sus manos el 31 de enero de 2013. En esta carta, el ministro nos dice que la auditoría que hizo Contraloría, para ellos es obligatoria y vinculante, por lo que me pregunto si la intendencia debe cobrar la diferencia por las multas del rodoviario, que son 1900 UF, espero que el intendente actúe antes de dejar el cargo, sino habría un notable abandono de deberes, el que no sería únicamente del intendente actual y de los anteriores, sino que también recae en el Presidente de la República, porque el Ejecutivo, del 31 de enero de 2013 tuvo la auditoría que indica una serie de incumplimientos”.