Felipe Aguirre Pallavicini solicitó las grabaciones de las cámaras de vigilancia del recinto, entre otras diligencias. C on el propósito de determinar responsabilidades, ya sean de tipo administrativas u operativas, el fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre Pallavicini, ordenó diversas diligencias tendientes a determinar responsabilidades ante esta nueva fuga perpetrada desde la cárcel de menores de la ciudad.
La información fue confirmada por el propio fiscal Aguirre, quien manifestó que las acciones en torno a esta investigación se encuentran en manos de la PDI. “Lo que dice relación a la búsqueda del menor es resorte de ambas policías, tanto uniformada como civil, pero aclarar el por qué se fugó el menor se ha ordenado a la PDI. Hay numerosos procedimientos, entre ellos, recuperar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del recinto, como a la vez se solicitó oficialmente el listado de funcionarios de turno el día de la fuga, a quienes además se les deberá tomar declaración en torno a cuál era su función aquel día del incidente”, indicó el abogado del Ministerio Público.
En este hecho, Aguirre dijo que en un comienzo llegó la información a la policía como una presunta desgracia, pero obviamente aquí puede haber un delito como la evasión de un detenido condenado y se debe investigar en qué circunstancias se produce el hecho, y si existe negligencia o alguna acción de caso fortuito, “pero, obviamente, hay que investigar, por cuanto perfectamente este hecho puede ser constitutivo de delito. De establecerse un acto así, hay una responsabilidad penal contemplada en la legislación, y por la cual él o los responsables deberán responder”.
Cabe hacer presente -dijo el fiscal regional subrogante- “que este joven no se escapó de un centro ambulatorio, se escapó de un centro privativo de libertad, donde debe cumplir en régimen cerrado su condena, de allí la importancia de investigar las responsabilidades sobre los hechos ocurridos”.
De encontrarse responsabilidades individuales o grupales, administrativas o de seguridad, los responsables podrían llegar a pagar condenas estipuladas en el Código Penal, tomándose en consideración para ello la pena que afecta al propio infractor evadido; en este caso el infractor debía cumplir una pena de cinco años de internación; para él o los responsables se aplica la misma sanción, pero disminuida en dos a tres grados, lo que depende igual del tipo de responsabilidad que se le asigna en el hecho a él o los eventuales responsables de la fuga.
Finalmente, Felipe Aguirre dijo que este menor cometió un delito de robo con violencia en contra de una víctima que aún se mantiene con tratamiento médico especial.
A juicio del jurista, tanto el delito por el cual fue condenado como la propia evasión, son consideradas por la fiscalía como hechos graves, debido a que en su momento se debió realizar un juicio oral, donde se debieron implementar todas las garantías legales y constitucionales a favor de la víctima y su familia, y que después de obtener una condena al respecto, esta persona se fugue del recinto desde donde ingresó a cumplir la pena de cinco años de internación “es impresentable”.