Durante la entrega de la Cuenta Pública de la región Metropolitana, realizada en la tarde de ayer en la Plaza de la Constitución, el Presidente Piñera, hizo un breve balance en materia de seguridad ciudadana.
En este contexto, el Mandatario señaló enfático que “nuestro Gobierno respeta, reconoce y protege la independencia de los distintos poderes del Estado, porque eso es parte esencial de un Estado de Derecho”.
Asimismo, agregó que “igual como el presidente de la Corte Suprema tiene derecho a defender a sus jueces, este Presidente tiene derecho también a defender a las víctimas y a todos los compatriotas que quieren y merecen vivir en paz”.
Aseguró que “ningún poder del Estado, distinto del Poder Judicial, puede comprometerse en juicios pendientes o revivir juicios que hayan terminado, pero por supuesto tenemos derecho a opinar sobre algo que es tan importante para la calidad de vida de la gente, como es el derecho a vivir en paz, con mayor tranquilidad y con mayor seguridad”.
El Mandatario se refirió al caso que costó la vida al matrimonio Luchsinger Mackay, en el que el Gobierno se hizo parte invocando la Ley Antiterrorista: “fue un delito muy cruel, porque probablemente los que lo cometieron, cuando incendiaron la casa, sabiendo que ellos estaban dentro, tenían que saber que lo más probable es que iban a morir quemados vivos y, sin embargo, no dudaron un segundo en cometer sus perversos objetivos”, aseguró.
En esa línea, resaltó que “todas las democracias del mundo tienen leyes antiterroristas, por una razón muy simple: una democracia, un Estado de Derecho, una sociedad como la nuestra, no solamente tiene el derecho, sino tiene la obligación de protegerse frente al crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo”.
Del mismo modo, señaló que a la hora de enfrentar al terrorismo y al narcotráfico “es un error tener dudas o debilidades, no hay que darles un centímetro de ventaja, no hay que tener ninguna contemplación, hay que combatirlos con toda la fuerza y el rigor de la ley, y siempre dentro del Estado de Derecho”.
Finalmente, recordó que la lucha contra la delincuencia “compromete a muchas instituciones, no solamente al Gobierno, compromete a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a los fiscales, a los jueces de garantía y, por supuesto, al Poder Judicial. Es como una cadena y todos sabemos que cuando un eslabón de una cadena falla, la cadena entera se debilita”.
La polémica se inició después de conocer la pena a 18 años de cárcel contra el comunero mapuche, donde el ministro Chadwick reconoció que “aspirábamos a una pena mayor, porque como Gobierno pensamos que en justicia correspondía a una pena que fuese mayor por la gravedad y lo dramático del crimen de un matrimonio”, señaló el ministro.
