
“En dicho proceso de nombramientos deben indispensablemente ser revisados y chequeados todos aquellos antecedentes que pudiesen significar un problema para el ejercicio del cargo que asuma cada una de las autoridades del gabinete regional, y de esta forma evitar replicar la falta de rigurosidad de estos días, producto de los nombramientos de autoridades nacionales”, dijo Bengoa.
La dirigenta agregó que “esta nueva administración requiere con urgencia superar el mal recuerdo y la promesa incumplida de un Gobierno que se autoproclamó de excelencia y que en la práctica ha significado notables retrocesos en el desarrollo y aplicación de las políticas públicas de nuestro país, dañó en profundidad la imagen del servicio y la función pública con casos como el `Perdonazo Johnson`s´, o el frustrado mejor Censo en la historia de Chile y que al mismo tiempo vulneró en reiteradas ocasiones el derecho al trabajo, la maternidad e incluso la dignidad de muchos trabajadores despedidos arbitrariamente sin considerar su proximidad a jubilar o alguna enfermedad de gravedad”.
“Por un Chile más justo exigimos que esta próxima administración se aboque a fortalecer la gestión, incorporando autoridades y directores de servicios que conozcan y se comprometan con la función pública y a terminar con las malas prácticas laborales producidas este último tiempo”, añadió, destacando que la ANEF de Magallanes renueva su compromiso de defensa de los servidores del Estado y de los derechos de los usuarios, y que se mantendrá alerta y dispuesta a denunciar cualquier irregularidad o intento de atropello que atente contra la labor pública.
Denuncia
Una de las denuncias a las que hace alusión Bengoa, acaeció en diciembre de 2012, relacionándose con actos de corrupción y falta a la probidad por parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en Punta Arenas.
La denuncia la realizó la ANEF en apoyo a un funcionario de aquella repartición exonerado. En su momento, el arquitecto afectado dio cuenta de aquellas eventuales irregularidades y acoso laboral ante la Contraloría General de la República y la Dirección de Arquitectura a nivel central, además de interponer una denuncia por hechos de posible corrupción en el MOP regional ante la fiscalía del Ministerio Público.