Fiscalía pide entre 10 y 13 años de presidio para los seis acusados que no lograron acordar un juicio abreviado. A eso de las 9 horas de ayer se inició el juicio contra de los seis acusados de la “Operación Heidi”, por la explotación sexual de menores.
Marisol Mejías, Sonia Vásquez y Julia López enfrentan la acusación de los delitos de facilitación y promoción habitual de la prostitución infantil, por lo que la Fiscalía Metropolitana Sur, solicitó al tribunal las penas de diez años de presidio mayor en su grado mínimo para Mejías, 26 años de presidio para Vásquez y 13 años de presidio mayor en su grado medio para López, además de 541 días por la tenencia ilegal de armas.
Manuel Lucero, otro de los acusados, deberá enfrentar en el juicio los delitos de obtención reiterada de servicios sexuales a menores, de violación impropia reiterada de menores y de almacenamiento de material pornográfico infantil.
Por otra parte, Genaro Fernández está acusado de producción de material pornográfico infantil, estupro, abuso sexual reiterado, abuso sexual impropio y almacenamiento de material pornográfico infantil. Para ellos, el Ministerio Público solicitó una pena de 23 años para cada uno, además de 541 días por guardar el material pornográfico.
Para Jorge Chiong, el último de los acusados, la fiscalía pidió una pena de siete años de presidio mayor en un grado mínimo.
El Ministerio Público presentó al tribunal más de mil escuchas telefónicas, más de 130 testigos y más de 80 pruebas periciales.
Durante este proceso, que se espera que se extienda al menos por tres meses, el Ministerio Público presentará el testimonio de varias de las presuntas víctimas, además de más de 2 mil audios telefónicos, los que darían cuenta de la participación de los acusados en los delitos detallados en la acusación fiscal.
También serán exhibidos álbumes fotográficos, imágenes con diverso contenido sexual, agendas telefónicas incautadas en el sitio del suceso, ropa interior femenina, los contratos de arrendamiento de los departamentos donde se cometían los delitos y los certificados de los vehículos de los clientes que ingresaban a los prostíbulos que operaban en el centro de Santiago.