
Actualmente, el gremio tiene tres procesos legales en curso. Uno de ellos es en contra de SRI, por lo que consideran cobros indebidos en términos de gastos comunes.
Los otros dos involucran a ex miembros del gobierno regional.
El primero, presentado el año pasado, va directamente contra el ex intendente Mauricio Peña y Lillo, a quien acusan de consentir fraude al fisco por parte de la empresa. Este proceso se encuentra en fase de investigación y la fiscalía ha mantenido los detalles en reserva.
En tanto, hace algunas semanas, la Cámara Franca presentó una tercera querella, esta vez contra quienes resulten responsables, por el no envío del informe de la auditoría realizada por la consultora Ernst & Young al Ministerio Público.
SRI fue notificada esta semana de una multa por parte de la intendencia por 1.900 unidades de fomento -unos $ 44 millones-, monto que se refiere, específicmante, al incumplimiento con la construcción del terminal rodoviario, una de las condiciones puestas en el contrato de concesión firmado por la empresa.
A ello, se suma el cobro de $ 143 millones, informado la semana pasada, por el cálculo erróneo que habría hecho la empresa de los montos anuales a pagar.
Desde la empresa, aseguraron que evalúan las acciones legales para disputar el pago de las multas, las cuales, dicen, “serán dadas a conocer en los próximos días”.
Aseguraron, además, que “hemos dado cumplimiento al contrato de concesión, actuando de buena fe y acorde a derecho (...) El contrato ha sido altamente exitoso y distributivo, el Gobierno regional ha recibido más de $ 964 millones en los últimos 6 años, en promedio, monto que supera en 14,3 veces los aportes de la anterior concesionaria”.