Estafa y fraude al fisco, son parte de los cargos por los que serán formalizadas las seis personas, quienes el próximo 25 de abril deberán comparecer ante la justicia. Para el día 25 de abril el Tribunal de Garantía de Punta Arenas fijó la audiencia de formalización de investigación, solicitada por la Fiscalía de Punta Arenas en contra de dos ex funcionarios públicos y cuatro privados, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y estafa al fisco, por el denominado caso “Rayen”.
La información emanada desde tribunales, fue confirmada por el fiscal regional subrogante del Ministerio Público, Felipe Aguirre Pallavicini, quien manifestó que con fecha 11 de marzo, se solicitó la audiencia, para efectos de comunicar a los imputados, que judicialmente se iniciaba investigación en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y estafa al fisco
Aguirre, además indicó, que entre las seis personas que serán formalizadas hay que distinguir entre ellos, que dos corresponden a funcionarios públicos al año 2012, y por lo tanto a esa fecha tenían un control sobre los actos de la administración, y aquellos que no esa calidad, contrataban con la administración pública, y que forman parte de una empresa, a los que se les denominan operadores de la empresa “Rayen” la que prestaba servicios, y se cancelaban abultadas sumas de dineros.
En cuanto a las penas que arriesgan de ser encontradas eventualmente culpables de los delitos que se les imputarán el próximo 25 de abril, Aguirre fue cauto en indicar, que todo dependerá primero, del curso de la investigación y los plazos que se fijen para ello, y dependiendo de lo que se establezca jurídicamente recién se podrá hablar de eventuales penas, pero no obstante por el tipo de delitos que serán formalizados, y en el evento que llegaran a ser condenados por los mismo, se considera como referencia, que si la suma defraudada o estafada supera las 400 UTM, la ley establece penas que van desde los 5 años 1 día a 10 años de cárcel.
Al ser consultada la autoridad judicial si pudiere haber nuevos formalizados en el futuro, indicó que la investigación como tal nunca puede descartar nuevos participantes de un ilícito, por lo tanto es una materia que no se descarta, como en cualquier investigación de la complejidad que esta ha tenido, pero con los antecedentes a la fecha son estos seis los que serán formalizados.
Escrito
El escrito ingresado con fecha 11 de marzo al Tribunal de Garantía, da cuenta que los funcionarios públicos de la época requeridos son: Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del Gobierno Regional, y Javier Gómez Letelier, ex asesor comunicacional del seremi de Justicia en el 2012.
Por su parte los cuatro denominados operadores de Rayen son: Hugo Reyes Tureuna, Pablo Sáez Martínez, Javier Gajardo Castro, propietario de Rayen SPA, Patricia Leiva, esposa y socia de Javier Gajardo.
Aluvión y desborde
800 familias damnificadas, y la declaración de zona de catástrofe para el centro de Punta Arenas fue el saldo del aluvión de barro y agua que afecto a Punta Arenas el 2012
Una de las emergencias más grandes sufridas en los últimos años en la ciudad, dejó junto a estas secuelas, otras, que recién comienzan a ser vista jurídicamente, luego de descubrirse contratos que se celebraron entre el Gobierno Regional y la Empresa Contratista Rayén S.A, cuyos contenidos presentarían vicios administrativos y legales, según denuncias formuladas días después de la emergencia.
Los hechos
Fue en su momento, el año 2012, cuando la diputada, y actual senadora Carolina Goic, quien denunció que se le abrían pagado más de mil millones de pesos a la empresa Rayén, encargada de la limpieza y extracción de barro pos aluvión en el sector céntrico y bajo de Punta Arenas, lo que a su juicio, estaría completamente viciado pues dicha empresa no se encontraba en dicha fecha en el registro para poder postular a dichos fondos del Gobierno y además la decisión habría sido una decisión unilateral del Intendente Regional de la época.
Dicha autoridad aludida,” intendente Arturo Storaker”, informaba que ese tipo de casos, las empresas pueden no estar inscritos en los registros del Gobierno por tratarse de casos de emergencia, argumentando además, que todo se encontraba en orden.
Con fecha 19 de mayo de 2012, y producto de todo el revuelo público que causaron las denuncias de supuestas irregularidades por parte del Gobierno en la contratación de los servicios de la empresa Rayen, el Ministerio Público a través de su fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, anunciaba el inicio de una investigación, para lo que se conformó un equipo especial a cargo del caso.
Con fecha 17 de noviembre de 2012, el Concejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de los involucrados en el caso, por los ilícitos de malversación de fondos públicos.
A la vez la Contraloría General de la República ha logrado a la fecha establecer “sobre precio” por parte de Rayen, en cuanto a los valores por el trabajo contratado en torno a la limpieza pos aluvión.
A esto se suma la existencia de 15 convenios por una suma total de 964 millones 803 mil 803 pesos firmado con el gobierno, de los que $457 millones no han sido rendidos.
Ahora esta entidad trabaja en un sumario administrativo para determinar si existe o no responsabilidad de los funcionarios públicos de la época.