El Gobierno ordenó la revisión de 408 casos de funcionarios de Carabineros, PDI, Gendarmería y FF.AA, que han sido condenados por algún delito y que se mantienen en la institución. Se trata de ilícitos tales como ebriedad, abuso sexual, hurto de armamento y especies militares, los que al ser “menores” y tener penas que no superan los 5 años, les permite -según la ley- mantenerse en sus cargos.
Para ello se ha establecido un protocolo a los ministerios de Interior, Justicia y Defensa, quienes han empezado con el trabajo de solicitud de información, para luego revisar caso a caso y tomar acciones, que podrían terminar en desvinculaciones de la institución. Sin embargo -informó La Tercera-, para realizar los despidos se analiza modificar la legislación, algo de lo que está consciente el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
“La ley establece que cuando hay penas de un cierto carácter, los funcionarios no pueden continuar en el servicio activo, pero en otras circunstancias no ocurre eso. Hay que revisar la ley, los criterios aplicados y las situaciones caso a caso”, afirmó Gómez.
Consultado, el abogado constitucionalista Patricio Zapata cuestionó que continúen en su cargo funcionarios de tales instituciones, por lo que debiera realizarse un cambio al marco legal.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aclaró que las leyes de nuestro país no contemplan penas que conduzcan a la degradación de militares en retiro que hayan cometido delitos de lesa humanidad.