Entre los efectos del paro nacional de los funcionarios de Gendarmería en Punta Arenas, destacan la suspensión de cuatro audiencias en el Juzgado de Garantía, a raíz de que nueve imputados no pudieron ser llevados a los tribunales; y otras dos personas que debieron ser formalizadas en la cárcel por el juez Juan Villa, quien llegó acompañado de un fiscal y un defensor.

Tal como lo habían anunciado los dirigentes, la paralización de actividades se inició a tempranas horas. De las cuatro organizaciones que acordaron movilizaciones, dos tienen representación en Magallanes: La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen). Esta última presidida por José Cabanas quien abogó para que el gobierno asuma las modificaciones del proyecto de ley que busca modernizar la institución carcelaria y se cumpla verdaderamente el objetivo.
El secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Víctor Gallardo, dijo que la movilización fue un éxito y sirvió para que en Santiago el Gobierno convocara a los dirigentes de las cuatro organizaciones de funcionarios carcelarios a un encuentro que dio la partida a un diálogo con miras a obtener una solución a las peticiones. No obstante, al cierre de esta edición mantenían la movilización a la que se adhirió la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) por considerar legítimas las aspiraciones.
Gallardo manifestó que a nivel local el paro trastocó la labor judicial debido a que no llevaron al tribunal a los internos que tenían audiencia. Aspecto confirmado por el juez presidente del Juzgado de Garantía, Pablo Miño, quien señaló que a lo menos tres audiencias fueron reprogramadas. Otras dos se realizaron en la cárcel, hasta donde se trasladó su colega Juan Villa.

Senador
El senador Pedro Muñoz, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, solidarizó con los funcionarios de Gendarmería  y dijo comprender las reivindicaciones del personal de la entidad penitenciaria, entre las que se cuentan mejoramientos laborales y de seguridad, como asimismo, en las condiciones humanitarias que se viven al interior de los establecimientos penales y que, incluso, han significado denuncias a nivel internacional en contra del Estado.
Muñoz manifestó que se trata de funcionarios que “sistemáticamente han venido insistiendo en estas peticiones, las que no han logrado suficiente atención, lo que se ha visto agravado por el aumento en el número de detenidos y la mayor recarga de trabajo que eso implica”.