Pese a que el acusado, de iniciales L.E.A.Ch., fue hallado culpable de seis delitos sexuales en contra de sus sobrinos, el Ministerio Público no logró la pena perpetua que solicitaba el fiscal jefe Juan Agustín Meléndez.
La Justicia dictaminó una pena máxima de 17 años de cárcel efectiva, convirtiéndose en la sanción más extensa desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en Magallanes.