La iniciativa, que tuvo un costo de $ 13 mil millones, busca cambiar la relación de los trabajadores y las empresas, propiciando los acuerdos y las conciliaciones.
A poco más de un año de su implementación en Magallanes, la reforma laboral se ha convertido en un eficiente mecanismo que permite una mayor rapidez a la hora de gestionar soluciones para los conflictos entre trabajadores y empleadores. La iniciativa, que comenzó a operar el 31 de marzo en las regiones Tercera y Undécima, tiene un costo de $ 13 mil millones.
Con un plazo de fallo de alrededor de 90 días, la nueva norma disminuyó en tiempo y costo procesos que antes podían durar hasta tres años. “Una causa que antiguamente podía demorar unos ocho meses, está demorando hoy unos 30 días. Hemos tendido un alto porcentaje de conciliaciones dentro del tribunal y también se ha hecho uso de las conciliaciones en la Inspección del Trabajo. Entonces hay una posibilidad cierta de que las causas sean resueltas en muy corto tiempo”, afirmó el secretario regional ministerial (seremi) de Justicia, Rodrigo Henríquez.
En la misma línea, la jefa (s) de estudios de la Oficina de Defensa Laboral, Patricia Jara, comentó que “si bien ésta reforma todavía está en proceso, hemos visto bastantes avances; el principal, es cómo se acortan los plazos o el tiempo desde que un trabajador o empleador interpone una demanda, hasta que tiene una sentencia en su poder”.
Según Henríquez, la Corporación de Asistencia Judicial, a través de la Oficina de Defensa Laboral, atiende a trabajadores que presenten situación de escasos recursos y que tengan una cantidad mínima de remuneración, que sirve como parámetro para poder recibir atención gratuita.
Hecho que fue corroborado por la Defensoría. “En menos de un año, el ingreso se ha cuadriplicado. Acá se patrocina y entrega la asesoría jurídica de forma gratuita, es decir, al patrocinado no se le cobra”, comentó la defensora.
Además, la profesional destacó que, en la reforma laboral, las partes (trabajadores y empleador) deben ir con abogados, afirmando que “es un avance, ya que en la justicia de familia, donde se vio que a la complejidad de muchos temas, los mismos legisladores tuvieron que modificar la ley”.