Por dictamen de la contraloría general de la República, los municipios tienen prohibido seguir distribuyendo “La píldora del día después” y cualquier acción que implique entregar esta píldora,  aun a costo municipal o mediante cobro al usuario.
La medida es aplicada a los municipios y a todos los entes públicos o privados que suscriban convenios con los organismos que integran el sistema nacional de servicio de salud incluyendo a las ONG  y clínicas.
El ente fiscalizador emitió el dictamen luego de ser requerido por diferentes instancias como la Asociación de Municipios y el abogado Jorge Reyes, en representación de grupos denominados pro vida.
El texto de contraloría es un análisis jurídico de quienes están afectos al fallo del tribunal constitucional y no se pronuncian respecto de si la pastilla es o no abortiva.