“Tengo una reunión fijada para el lunes con la Presidenta y por el momento no voy a hablar”. Con estas escuetas palabras el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Arturo Herrera, se refirió el viernes a la solicitud de renuncia anticipada a su cargo que le realizó el gobierno por la seguidilla de escándalos de corrupción y la pugna que éstos han generado al interior de la institución.
El jefe policial debía dejar su cargo en octubre, pero la última crisis por la vinculación de detectives a una red de prostitución infantil terminó por adelantar su salida. Sin embargo, lo que colmó la paciencia del gobierno fue el inesperado llamado a retiro que el miércoles hizo a cuatro altos jefes, entre ellos el prefecto inspector Héctor Soto Candia, el cuarto hombre en la línea de mando y uno de los preferidos del Ejecutivo para suceder a Herrera.
La decisión de sacar a Herrera comenzó a gestarse hace una semana. En medio de la crisis por la red de prostitución, el prefecto Héctor Soto envió a un alto personero de gobierno una serie de antecedentes sobre el mal manejo del tema que se había hecho en Investigaciones. El abogado asesor del Ministerio del Interior, Luciano Fouillioux, fue quien derivó la información al gobierno. Incluso, se reunió con Soto el martes para tratar la crisis por la red de prostitución. Un día después Herrera, quien -según fuentes de Investigaciones- se sintió “traicionado”, comunicó el retiro de Héctor Soto. La medida se hizo pública el miércoles, una hora antes de que el director de la PDI compareciera al Congreso por el escándalo.