Las reacciones sobre un cobro diferenciado de gas incumplido en la región y la confirmación de esto por parte del ministro de Economía, Hugo Lavados, es una de las principales preocupaciones de la nueva agrupación nacida al alero del alza del tarifado de este servicio básico, conformada por la CUT y las juntas de vecinos de la ciudad.
Según informaron el jueves, llegarán a “instancias legales para que se cumpla” esta norma, haciendo directa referencia a una eventual acusación constitucional en contra del ministro Lavados. Para esto, contarán con los servicios del abogado Manuel José Benítez, al alero del senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi.
“Lo que ha ocurrido en este caso es que el ministerio no ha cumplido con dictar los reglamentos necesarios para que el artículo 34 de la ley de servicio de gas pueda tener aplicación práctica en Magallanes, ese es el fundamento de la posible acusación constitucional contra el ministro”, comentó el abogado.
Pese a ello, Benítez es cauto frente al tema, afirmando que “el tema de la acusación es lo más fuerte que se puede hacer, pero también hay otros mecanismos previos, ante la misma Superintendencia de Electricidad y Combustible, para poder pedir compensaciones por este asunto”.
Este último punto, es el que destaca con mayor fuerza el jurista, quien dijo que debe haber una indemnización por el tiempo que artículo no se ha llevado a cabo. “Por todo el tiempo que no hubo un sistema de tarificación público y transparente, que haya un tipo de compensación para las personas que son consumidoras de gas en la región, que es la gran mayoría. Habrá que buscar la formula, pero tiene que haber algún pronunciamiento del gobierno o de la empresa por esta irregularidad”, aseguró.