En el mes de marzo, Pingüino Multimedia fue receptor de una grave denuncia: Las viviendas correspondientes al Barrio Archipiélago de Chiloé estaban siendo arrendadas pese a que no está permitido llevar a cabo dicho procedimiento. En ese entonces, el presidente de la Junta de Vecinos Nº 48 “Goleta Ancud”, Yuri Quiroz, informó a este medio que después de dar a conocer  que existían dos casas que no estaban siendo habitadas por sus propietarios, se lograron detectar una serie casos de similar índole.
Teniendo en sus manos dichos datos, concurrió hasta las dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde en un encuentro con el director regional de la institución, Miguel Ángel García, éste le comunicó que dicha situación debía ser estudiada por una unidad técnica de la Municipalidad de Punta Arenas.
“Voy a hacer un seguimiento y no voy a parar hasta que esta denuncia logre su objetivo”, advirtió Quiroz hace cuatro meses, cansado de ver cómo algunas personas lucraban a través de los negocios que estaban siendo realizados con las viviendas que por tener el carácter de social, están sujetas a obedecer al programa que establece una prohibición de abandonar las dependencias antes de cinco años.
Fue así como, tras esperar pacientemente el análisis que revelara la veracidad de estos hechos, un informe efectuado por el municipio da cuenta de una nueva fiscalización que se llevó a cabo entre el 19 de febrero y el 10 de junio cuyos resultados arrojaron que en el Barrio Archipiélago de Chiloé existían tres personas viviendo en instalaciones que no eran de su propiedad.
A través de un documento emitido por el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, y en el que se especifica cuál es la situación de los tres casos, se entregan los antecedentes al Serviu de la Región de Magallanes con la finalidad que el organismo proceda a tomar las acciones legales que correspondan debido al incumplimiento de la resolución, que en virtud del subsidio que se entregó, no estaría siendo respetado.
El primer caso que figura en el informe, señala que una vivienda ubicada en la calle Abel Macías Gómez, está siendo comercializada bajo la modalidad de arriendo. El ilícito, fue corroborado por la misma persona que rentó la casa y presentó un documento que señala el pago de $ 120 mil mensuales por el servicio, el cual data del mes de diciembre del año pasado.
La segunda situación anómala, afecta a un departamento que se encuentra en la calle Santa Juana y cuyas instalaciones no están siendo ocupadas por el grupo familiar que se adjudicó las dependencias, sino que estarían a cargo de terceros. A través de una declaración efectuada de forma escrita, la persona confirmó estar viviendo en dicho lugar desde abril del año pasado, estableciendo el compromiso de encargarse sólo de los gastos generados por el consumo de luz, agua y gas que se generan mensualmente.
En tanto, en el tercer caso fiscalizado se da cuenta de un grupo familiar que ocupa una casa situada en la Avenida Canal de Chacao. Tras una investigación desarrollada por la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), sus funcionarios se trasladaron hasta el sector en tres oportunidades, detectando finalmente que en las dependencias permanecen dos personas, de las cuales una de ellas es pariente de la dueña de la vivienda.
El presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Archipiélago de Chiloé, declaró a Diario El Pingüino estar muy molesto por la actitud irresponsable que han tenido estos vecinos, que no conformes con las casas que recibieron, decidieron comenzar a obtener ingresos con éstas. “¡Que se acabe lo lucrativo!” dijo enérgicamente Yuri Quiroz, recordando que muchos de los pobladores del sector lucharon durante años para concretar el sueño de la casa propia e incluso, salieron a las calles a protestar para obtenerla en el año 2007, después que la entrega de las mismas sufriera una serie de atrasos. “Nos sacamos la mugre para vivir acá y tenemos que hacer justicia”, enfatizó.