Ninguno de los 665 fiscales del Ministerio Público podrá poner un pie en las salas de juego de los casinos que operan en el país, ni probar suerte en las máquinas tragamonedas o en las mesas de ruleta. Tampoco podrán jugar póquer, Black jack o Bingo. Nada.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarras, dictó un instructivo interno que prohíbe a los fiscales y otros funcionarios de la institución asistir a los 12 recintos de juegos que funcionan a lo largo del territorio para realizar apuestas.
El documento, vigente desde el pasado 24 de junio, se basa en un artículo de la propia Ley de Casinos que prohíbe la realización de apuestas a los funcionarios públicos y municipales, “que en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos”.
El documento establece que los funcionarios que no cumplan con la prohibición se arriesgan a una multa que fluctúa entre los  $ 110 y los $ 550 mil. Además, según el instructivo, puede constituir una causal para terminar el contrato de trabajo o destitución del cargo.
De acuerdo al instructivo, el criterio para determinar a los funcionarios del Ministerio Público que quedaron sujetos a la prohibición “radicó en identificar directa o indirectamente a quienes administran recursos públicos o de particulares, lo que, de alguna forma, los puede situar en una situación de mayor vulnerabilidad”.