En 2005, durante la gestión del ex alcalde Juan Morano Cornejo, más de 80 profesores demandaron a la Corporación Municipal de Punta Arenas por el pago de una diferencia por las denominadas “Extensiones Horarias”. Por ello, la entidad fue embargada y obligada a cancelar  $ 823.000.000, suma que no fue objetada por la entidad.
 Frente a ello, la nueva administración municipal, liderada por el alcalde Vladimiro Mimica  Cárcamo y el secretario interino de la Corporación Municipal, Hermes Hein Bozic, no se quedaron tranquilos y comenzaron a gestar un proceso de investigación interno respecto del funcionamiento de la entidad y acerca de la gran suma que debieron entregar en el conocido “juicio de los profesores”. Los resultados arrojaron cifras casi imposibles de creer, ya que se corroboró que producto de la “deficiencia” de la gestión anterior la corporación canceló más de 700 millones de pesos de más, debido a que la deuda era sólo de $ 143.248.796. ¿Por qué? Porque se les canceló a docentes que no tenían derecho a recibirlo, como el pago a docentes que se encontraban con licencia médica, por ejemplo.
Hein señaló en exclusiva al programa de “De otro Pelo” de Pingüino Radio que esto se debió específicamente a una “serie de inconsistencias de carácter administrativo, que nos dedicamos a investigar de forma interna, por parte de los mismos funcionarios que estaban trabajando en la fecha que se realizó el juicio. Información que en aquel entonces nunca les fue requerida. Hubo deficiencias serias de gestión en ese tema”.
Asimismo, Hein recalcó que en dicha fecha la Corporación Municipal no hizo uso de su derecho de pedir un peritaje contable, “lo cual debía hacer la defensa”. 
Una vez realizado el embargo del dinero, la administración entrante resolvió reconstituir la información de cada uno de los profesores demandantes en el juicio, se levantó punto por punto cada detalle, logrando establecer que la deuda alcanzaba a los  $ 143.248.796. “Es una cifra escalofriante porque nosotros somos una corporación sin fines de lucro y dejamos de satisfacer demandas públicas por ello. Esto nos ha significado que hoy estemos trabajando ‘bicicleteando’ con un mes de retraso en los recursos públicos de la subvención”, agregó Hein.
¿Y los $ 700 millones?
El abogado de Corporación Municipal será el encargado de evaluar las gestiones que realizará la entidad. La información será remitida a la Contraloría y se realizará una nueva investigación producto de la falta de cuidado que hubo en el ejercicio de la custodia y de cuidado de los recursos públicos.
La deuda y los dineros
Los docentes fueron contratados de marzo a diciembre y debían recibir el pago de un diferenciado. La ley los benefició y estableció que esto debía ser cancelado y que el profesor pasaba a ser titular de dichas horas.
 Por este hecho, la Corporación Municipal fue  condenada a pagar más de 1.000 millones de pesos en el juicio que fue tramitado íntegramente por la administración anterior  y en él la defensa logró establecer que el saldo final que debía ser cancelado era por
$ 823.000.000, de los cuales un total de $ 248 millones correspondía al Fondo de Salud Primaria y otros $ 100 millones eran del Fondo Especial de la Subvención Escolar Preferencial.