"No estamos buscando que las viviendas sociales sean inembargables o que se condonen sus deudas sino una oportunidad para que sus propietarios puedan renegociar ante situaciones de morosidad", así lo aseguró el senador Jaime Orpis, presidente de la Comisión de Vivienda, que escuchó a los representantes de la Superintendencia de Bancos.

La instancia analiza el proyecto, iniciado en una moción presentada por los senadores Orpis y Jaime Naranjo que establece un mecanismo de embargo especial de viviendas sociales de hasta 650 unidades de fomento, equivalentes a unos $13.500.000.

El parlamentario aseguró que "estamos conscientes de que éste es un tema delicado pero estamos proponiendo una fórmula que permitirá que antes de que se produzca el remate de una vivienda social,  el propietario tendrá una instancia de negociación con la institución financiera".

Agregó que "de este modo se podrá desarrollar una reprogramación y si no la cumple recién entonces se dará curso al remate. En el fondo lo que se propone es generar una oportunidad para que no se pierda el bien más preciado de una persona modesta que es su vivienda y, al menos, haya una instancia obligatoria de negociación para reprogramar con el sector financiero público o privado".