Nada muy nuevo concluyó el informe entregado por la consultora Guerra & Raby ayer ante el Concejo Municipal, salvo el detalle específico de las irregularidades registradas al interior de la Corporación Municipal luego de que se diera a conocer el inicio de un proceso de investigación por inconsistencias y falta de recursos en la entidad.
La auditoría consideró el período entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre del mismo año, por lo que todas las actividades efectuadas posterior a esta fecha no fueron materias de examen.
Más de 200 millones de pesos habría sido la cantidad de dinero utilizada en 2008 por la Corporación Municipal, para la contratación de 16 Organismos Técnicos Capacitadores (Otec) y a un Organismo Intermedio de Capacitación (Otic), por la ejecución de variados cursos a funcionarios de la entidad, los que en algunos casos nunca fueron ejecutados.
Entre las anomalías también figuraban la inscripción de personas que no participaron de los cursos y la falsificación de firmas del personal, razón por la cual el secretario general interino de la entidad, Hermes Hein Bozic, interpuso una autodenuncia ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), para la evaluación de la situación.
Resultados
Según el socio e integrantes de la empresa consultora, Marco Antonio Halal, los objetivos de la investigación estuvieron enfocados en conocer el estado financiero de la corporación, la determinación de la legalidad de pagos específicos por concepto de indemnizaciones y el establecer la forma en que se había hecho uso de la franquicia tributaria por capacitación laboral, entre otros, lográndose establecer que los pagos no fueron ajustados a la realidad y que se detectó que en las capacitaciones había disconformidad de firmas y de cursos no acreditados, por ejemplo.
“Lo más relevante son las capacitaciones que no fueron practicadas y si se habrían utilizado los beneficios del Sence. La cantidad de juicios por la que se vio afectada la corporación y que fue perdiendo significaron un impacto de 900 millones de pesos. En términos financieros, había una falta de procedimientos de control, lo que hacía difícil realizar una labor eficiente”, manifestó Halal.
Según el profesional, la situación financiera de la entidad al 31 de julio de 2009 es de un déficit de caja de $ 2.020.280 millones. Asimismo, agregó que la regularización de la corporación podría darse entre seis meses y un año, dependiendo de la disponibilidad del municipio, “porque las corporaciones reciben plata por un destino determinado: salud, educación y atención al menor, no hay más alternativas, por lo tanto, la única forma de tener más fondos es que la municipalidad tuviera que distraer de su presupuesto fondos especiales destinados a mejorar las irregularidades”, puntualizó.