
Ello, luego de que el Senado aprobara por 22 votos a favor y 4 abstenciones la iniciativa que sanciona con penas entre 61 días a 5 años de presidio y multas en beneficio fiscal de hasta 30 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a quienes realicen prácticas concertadas para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios de primera necesidad.
El senador Alberto Espina, presidente de la Comisión de Constitución, destacó la importancia de esta iniciativa que establece sanciones proporcionales a la gravedad que significa una conducta de colusión mediante la cual se ponen de acuerdo -en forma premeditada- dos o más empresas con el propósito de alterar el precio de los valores de la libre competencia.
Aseveró que la acción penal correspondiente sólo se podrá iniciar a requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Ministerio Público, de modo de evitar la proliferación de querellas ante los tribunales.
Asimismo "se entregan todos los instrumentos para mantener la figura de la delación compensada que demostró ser una norma extraordinariamente útil en la investigación de la Fiscalía Nacional Económica", dijo el legislador.