A cuatro meses de haber sido designado como “fiscal verde”, Eugenio Campos Lucero abrió una investigación por el derrame de petróleo que estaría amenazando la flora y fauna de la estancia Cañadón Grande, ubicada camino a Posesión, y que fue denunciada en Diario El Pingüino el martes 27 de octubre por uno de los socios de la ganadera, Iván Nikovic.
Hace justamente un año, el fiscal nacional Sabas Chahuán, en presencia de la ministro del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, designó a los llamados “fiscales verdes” quienes tienen por misión “perseguir los delitos contra el medio ambiente, así como aquellos que atentan contra la salud pública, contaminación de aguas, la Ley de Seguridad Nuclear y el patrimonio cultural”.
Apenas creada esta figura, algunos fiscales iniciaron su trabajo de inmediato como, por ejemplo, investigar la comercialización del suplemento alimenticio pediátrico denominado ADN, el que se descubrió era adulterado desde su fabricación y que causó la muerte de, al menos, cinco niños, además de la contaminación del río Mataquito, por la descarga de riles no tratados de la planta de celulosa de Celco, entre otros ejemplos.
Fiscal Campos
Apenas enterado de la denuncia del derrame de petróleo, Eugenio Campos Lucero, uno de los 16 “fiscales verdes” con esta especialidad en todo el país, informó que se solicitaron algunos antecedentes a la Conama, “lo que originó una causa y se despachó una orden de investigar para saber si los hechos denunciados constituyen eventualmente un delito y, en el evento de serlo, ver si existen personas responsables”.
Para acreditar un delito ambiental es necesario realizar varias indagaciones y análisis a partir de los mismos informes que evacúa a la fiscalía la propia Conama.
Delitos ambientales
Dada la gran extensión territorial de Magallanes, el fiscal Campos dijo que los delitos ambientales son bastante recurrentes, sobre todo los que se cometen en contra de los recursos hidrográficos y animales, muy necesarios de proteger.
Entre otras materias, los llamados “fiscales verdes” tienen por función investigar todos los delitos relativos a la salud animal y vegetal, crímenes y simples delitos contra la salud pública, Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley de Bosques, Ley de Monumentos Nacionales, Ley de Caza, Ley Sobre Seguridad Nuclear.
La investigación de todas las incautaciones de centollas y recursos hidrobiológicos ahora son de responsabilidad del fiscal Campos.