Al igual que el miércoles, que fue su primer día de paro, la totalidad de las funcionarias de la Fundación Integra realizaron ayer la segunda y última jornada de movilización por la indiferencia por parte del gobierno y de la institución a una serie de peticiones.
Específicamente son cinco las solicitudes de las trabajadoras. La primera de ellas consiste en que el organismo cumpla la ley de calidad de la educación, que se traduce en que se respete y mejore el coeficiente técnico de sus labores, es decir, que se ponga término al exceso de niños por docentes.
“La fundación hace mucho tiempo que no está cumpliendo con esa ley”, afirmó la secretaria del Consejo Regional de Fundación Integra, Georgina Olivos.
Agregó que “desde el 5 de julio que la directiva está en conversaciones con el ministerio de Hacienda y no ha habido ningún acuerdo concreto. Es muy importante que ellos asuman su responsabilidad ante estas necesidades”.
El resto del petitorio se relaciona con el cumplimiento del bono por zona, el aumento desde un 1,5% a un 3% del bono por antigüedad y su inclusión en los beneficios que son otorgados al sector público, como es el bono institucional y de perfeccionamiento. Las funcionarias consideran que les corresponden estas cancelaciones porque el gobierno financia gran parte del organismo.
La dirigenta aseguró que “si no se logra ninguna respuesta al problema del coeficiente técnico y de la infraestructura, se impondrá una demanda a la Fundación Integra por el no cumplimiento de la Ley Nº 181”, aseguró.