De dos teléfonos públicos, uno ubicado en ZonaAustral y otro en el barrio Archipiélago de Chiloé, se hicieron las llamadas el día jueves que daban cuenta de una bomba instalada en el campus norte de la Universidad de Magallanes.
Esto implicó la salida de personal de Carabineros y de la Patrulla de Acciones Especiales (PAE), además del desalojo de 200 personas que a las 19.00 horas se encontraban en el campus de la Facultad de Ciencias y Economía de la Umag.
Estudiantes
Finalmente se concluyó que el supuesto artefacto explosivo no era tal y que todo se trató de un llamado falso.
Pero el caso no quedó ahí ya que personal de la Sip de Carabineros inició una investigación, según lo confirmó ayer el subprefecto de los Servicios, Ricardo Contreras.
Luego de un intensivo rastreo, que consideró la revisión de los registros de audio, porque todas las llamadas a la Central de Carabineros quedan grabadas, personal policial logró establecer los teléfonos de donde se hicieron estos contactos.
Luego de horas de trabajo finalmente Carabineros logró dar con el paradero de los autores, quedando al descubierto que fueron dos alumnos de la Umag, de una carrera de Ingeniería, quienes después de ser detenidos admitieron su responsabilidad. Respecto a la motivación que tuvieron para cometer este delito, habrían declarado que fue porque tenían que rendir un examen muy difícil y, al parecer, no se sentían lo suficientemente preparados.
Otro antecedente que logró establecer la investigación fue que realizaron dos llamadas: una a la portería de la Umag y la otra a la Central de Carabineros.
El fiscal de turno, Eugenio Campos, recibió los antecedentes y dispuso la libertad de los estudiantes quienes próximamente deberán comparecer al Juzgado de Garantía, donde serán formalizados por la acción cometida.
Multa para “bromistas”
A propósito de los bromistas, actualmente se está estudiando una modificación a la ley 18.168 General de Telecomunicaciones, en la que se establece que el que realice, o facilite su teléfono para realizar llamadas falsas, abusivas o inductivas a error, a la línea telefónica de emergencias y urgencias dispuestas por Carabineros y todas las instituciones que atienden situaciones de emergencias policiales o de salud, afectando la eficacia del servicio al ocupar las líneas dispuestas sólo para estos fines, será sancionado con una multa a beneficio fiscal equivalente a 10 UTM ($364.890)
Por lo mismo, un fuerte llamado a no ocupar de manera incorrecta y perjudicial los recursos con que cuenta la comunidad para enfrentar situaciones reales de emergencia con falsas alertas, realizó el prefecto de Carabineros, coronel Miguel San Martín. Ello, en el marco de la llamada que dio cuenta de la existencia de un artefacto explosivo en el campus central de la Universidad de Magallanes.
“Existe un protocolo establecido por norma, el que se debe seguir estrictamente ante este tipo de llamadas, por lo que Carabineros está obligado a verificar la veracidad de la denuncia. Cuando el origen del llamado es falso, provoca la distracción, por un lapso considerable de tiempo, de recursos que están destinados a operar frente a una verdadera urgencia”, manifestó el oficial, dando cuenta de la falta de conciencia de quienes provocan estas situaciones.
Ésta no es sólo una realidad local, es un hecho lamentable que se repite en el tiempo en diversas localidades de nuestro territorio nacional. Cerca del 80% de las llamadas que recibe el fono de emergencias de Carabineros, 133, no tienen relación con hechos que deben ser atendidos por la institución. Es decir, sólo alrededor del 15 al 20% de las llamadas recepcionadas generan procedimientos policiales.
La nueva disposición legal establece que en caso de reincidencia, dicha multa podría duplicarse. De ser aprobada la norma, quienes tienen la mala costumbre de ocupar estos recursos públicos con fines “distractivos”, corren serio peligro de ser sancionados, ya que la tecnología actual permite no sólo detectar y almacenar los números telefónicos y direcciones desde donde se realizan las llamadas “pitanzas”, sino que además los días y horas en que se efectúan.
“La idea es que la gente considere el daño que se puede provocar al acaparar recursos de manera innecesaria, los mismos que pueden necesitarse realmente en otra parte de la ciudad, atención de la que incluso, puede depender una vida”, concluyó San Martín.