El fiscal  regional de Los Lagos, Alberto Ayala Gutiérrez, comunicó su decisión de no perseverar en la querella criminal que investigó en contra del fiscal Eugenio Campos Lucero y solicitó el sobreseimiento de la causa. La petición fue concedida por el juez Juan Villa, en una audiencia que se extendió por casi dos horas.
Ayala compareció acompañado del fiscal Roberto Henríquez y por la contraparte lo hizo el abogado querellante Francisco Cárdenas y Jaime Obando, que en esta oportunidad actuó como abogado de Campos.
La querella la presentó el ex fiscal militar Marcos Ibacache, el 22 de diciembre del año pasado, después de ser sobreseído en la investigación del caso drogas que terminó con cuatro personas condenadas y tres absueltas, una de las cuales fue el propio Ibacache.
En el caso de la querella, Ayala indagó durante diez meses y finalmente llegó a la conclusión de que no existían antecedentes constitutivos de un delito. Por eso solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, decisión que puede ser recurrida a la Corte de Apelaciones.
“Los hechos contenidos en la querella no son constitutivos de delito”, afirmó tajantemente Ayala, quien llegó a esta conclusión después de analizar en profundidad cada uno de los cuatro hechos señalados por el querellante: formalización arbitraria, haber tomado una doble declaración, acompañar un CD en la acusación y haber obtenido interceptaciones telefónicas engañando a un juez. Sobre esto último, acotó Ayala, el propio magistrado declaró en la causa que estudió la carpeta investigativa y escuchó todos los audios, “donde encontró que habían conversaciones absolutamente poco confiables y en un lenguaje en clave”.
Ayala recordó que el primer control de los actos de investigación de un fiscal está a cargo de los propios intervinientes, “quienes contribuyeron a que estos errores se produjeran”, en alusión al desorden que detectó en la carpeta investigativa, “pero esto no significa que sean constitutivos de hechos delictivos, algo que es absolutamente diferente”.
Por eso hubo una investigación administrativa que impuso a Campos como medida disciplinaria censura por escrito, por infracción reglamentaria en el manejo de la evidencia y de la investigación.
Respecto del apremio ilegítimo que se le atribuyó a Campos, el fiscal Ayala indicó que “no descansa en prueba alguna”, ya que los propios imputados que habrían sido víctimas de estos supuestos delitos no le atribuyeron participación.
El abogado querellante, Francisco Cárdenas, discrepó de muchos de los dichos de Ayala en la audiencia y de las conclusiones de la propia investigación. Al término no descartó presentar algún recurso en contra de la resolución judicial.