
Después de arduas tramitaciones en el parlamento, Chile cuenta por fin con una nueva institucionalidad ambiental, que consiste en cinco instituciones relacionadas: el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Tribunal Ambiental. Este es el mayor logro institucional del gobierno de Bachelet en orden a resolver las inequidades entre el derecho del inversionista y el derecho ciudadano a la salud y al ambiente. Además del Ministerio, las reformas más significativas son el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El Servicio de Evaluación establece condiciones estrictas para admitir los proyectos a tramitación y prohíbe fragmentarlos, Así, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión se deberán evaluar juntas y no como proyectos separados. También se deberá explicar como cada proyecto aporta a los impactos acumulativos en un territorio que ya tiene otros proyectos con permisos ambientales; también le permite a la autoridad exigir la mejor tecnología disponible; y en el caso de los contaminantes no normados, solicitar un estudio de riesgo. Finalmente, al dar o negar el permiso ambiental, la Comisión de Evaluación (de la cual no se logró sacar a los intendentes) deberá respetar el informe de los servicios públicos (será vinculante) y considerar las observaciones ciudadanas. El incumplimiento de ello, se considerará vicio esencial del procedimiento y en consecuencia posible de anular. Además en caso de proyectos aprobados que no se concreten, al sexto año se caducará su permiso ambiental. La Superintendencia en tanto, fiscalizará el cumplimiento de las leyes, normas, planes de descontaminación, permisos ambientales (RCA), planes de protección de especies, etc.; hará las inspecciones; sancionará los incumplimientos y podrá suspender transitoriamente los permisos ambientales o cursar multas, que según su gravedad pueden llegar hasta 10 mil UTM, y a caducar el permiso ambiental. Ello, establece un importante incentivo para el respeto de la ley y buen desempeño ambiental.