
Junto con el surgimiento de la República, la Constitución de 1833 afirmó la preocupación del Estado por la educación. Ello, se profundizó al dictarse, en el Gobierno de Manuel Montt, la Ley de 1860 que garantizó la gratuidad de la instrucción primaria y consolidó el Estado Docente.
Al comenzar el siglo XX el debate se hace más intenso en demanda de una educación para todos. Fue así como el 26 de agosto de 1920 se dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
Con los gobiernos radicales y la Reforma Educacional de Frei Montalva se avanzó más en la universalización de la educación.
La dictadura involucró el fin del Estado docente y su sustitución por la municipalización y la privatización de la enseñanza.
Hoy, a 20 años de gobiernos democráticos, pareciera que no tenemos claridad respecto de lo que queremos hacer con nuestro sistema educativo. Lamentablemente, ello se ratifica al ver las propuestas de nuestros candidatos a la presidencia.
Necesitamos debatir con la altura que hubo en el Centenario de la Independencia, cuando nuestros más connotados intelectuales aportaron ideas para lograr una educación más inclusivo, acorde a las necesidades de su tiempo y fieles al legado de nuestra historia.