Desde el 24 de noviembre, comenzaron las nuevas negociaciones con el Gobierno representado por el Subsecretario de Aviación Raúl Vergara Meneses.
Una de la alternativas es manejada por las autoridades, y permite mantener a los funcionarios en su calidad de adscritos al sistema AFP (D.L. Nº 3.500) pero incrementando el porcentaje de sus haberes sujeto a imponibilidad (para igualarlo al resto del Sector Público), sumado a la materialización de un bono compensatorio individual que permita "reparar" el déficit presentado aproximadamente desde 1988 (último reajuste impositivo percibido) hasta la fecha.
La otra propuesta, es la representada por la Asociación de Funcionarios, que aprovecha el ampliamente reconocido carácter "híbrido" del estructura DGAC -por una parte es una institución regida desde los años noventa por el Estatuto Administrativo, pero que realiza la misma función estratégica desde 1930 y posee el mismo régimen remuneratorio de las Fuerzas Armadas, para reinterpretar al Articulo 21 de la Ley 16.752 Orgánica DGAC, permitiendo cotizar nuevamente en el sistema de la CAPREDENA.
Las manifestaciones y demoras en los aeropuertos del país, vividas el pasado 20 de noviembre, fueron la consecuencia directa de la deficitaria respuesta del Ministerio de Hacienda, después de casi dos años de negociaciones y el no cumplimiento de acuerdos y compromisos sobre una idea de legislar, que a su vez evidenció diferencias de opinión entre los propios ministerios de Defensa, Secretaria  General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el escenario de hoy es completamente distinto, dado que la Asociación de Funcionarios demostró su organización y capacidad de lucha permanente por la reivindicación de los derechos de los trabajadores aeronáuticos. Un nuevo fracaso en las negociaciones produciría insospechadas consecuencias el tráfico aéreo y al movimiento de pasajeros en todo el territorio nacional.