“No sólo se trata de que el adolescente asuma la responsabilidad por sus actos, sino que, al mismo tiempo, reciba una intervención socioeducativa orientada al logro de su integración social”, dijo César Montiel, director del Sename.
La Unicef y la secretaría regional ministerial de Justicia organizaron para mañana un seminario, con el objetivo de analizar el funcionamiento y los desafíos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Magallanes, que opera en el país desde junio de 2007, actividad que se realizará en el auditorio de la Policía de Investigaciones (Errázuriz 997).
Los cimientos de esta normativa se enmarcan en una reforma integral y de modernización del sistema de justicia juvenil chileno, “abandonando el paradigma tutelar para asumir los mandatos de la convención internacional de los derechos del niño, niña y adolescente, a quienes se les concibió como sujetos de derechos, que requieren de protección integral”.
Esta ley, como todas las nuevas legislaciones, reconoció la necesidad de una justicia juvenil claramente diferenciada de la justicia penal adulta, asumiendo la necesidad de dar una respuesta especializada, que reconociera que el adolescente se encuentra en una fase particular de su desarrollo como ser humano; y que la forma en que sea tratado al ingresar al sistema de justicia tenga un alto significado para su futuro.
El director regional del Sename, César Montiel, uno de los profesionales que mañana participará en el seminario, dijo que este tipo de legislación asumió las garantías del debido proceso, así como garantías especiales por tratarse de adolescentes. “En este sentido, resulta relevante el que se trate de leyes cuyo principio orientador es educativo, por cuanto no sólo se trata de que el adolescente asuma la responsabilidad por sus actos, sino que, al mismo tiempo, reciba una intervención socioeducativa  orientada al logro de su integración  social (artículo 20 de la ley)”.