Según ellos, ambos organismos le habrían adjudicado a una empresa externa los planes y programas de desarrollo turístico cuando por ley esta labor le compete exclusivamente al servicio estatal.
Los consejeros regionales Branco Ivelic y Álvaro Contreras dieron a conocer ayer supuestas irregularidades al interior del Gobierno Regional (Gore) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), principalmente a través de dos licitaciones  que son financiadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema). La primera por $ 44.344.00 y la segunda  por $ 122.000.000, ambas adjudicadas a la empresa Servicios Patagonia del Sur Ltda. (Serpasur Ltda.), perteneciente a Gustavo Hinojosa Pizarro (97%) y a Miguel Ángel Muñoz Rebolledo (3%), ex director regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).
Ivelic manifestó que había algo que le llamaba mucho la atención respecto del diseño de las políticas de turismo,  ya que por Ley se le entrega la potestad al Sernatur.  “Corresponde al servicio proponer al supremo Gobierno las políticas de turismo del país y el artículo Nº 8 y a las direcciones regionales de turismo les corresponde proponer al director nacional la política y programas de desarrollo turístico de su región. Por qué el Gore realizó esta licitación con temas que competen por ley al Sernatur”, expresó Ivelic.
En tanto, Contreras indicó que son varias las irregularidades. La empresa adjudicatoria encargada de proponer los programas de desarrollo turístico no tiene ninguna relación con el sector, pero dentro de la participación está el ex director del organismo regional y esto calza con lo que ha ocurrido en varios ministerios a nivel nacional, donde a través de estudios y asesorías se ha hecho una transferencia permanente de recursos  de todos los chilenos a ex funcionarios del mismo gobierno”, expresó. Contreras agregó que el socio principal de la empresa adjudicataria está vinculado al sector acuícola, industria completamente antagónica a la del turismo y en donde existen claramente conflictos de intereses. Finalmente, en una de las licitaciones se le adjudica a la empresa que presenta el mayor valor ofertado, provocando un perjuicio al Estado de
$ 19.478,992”, expresó.
Los consejeros anunciaron que los antecedentes del caso serán llevados a la Contraloría General de la República.