El abogado reconoce que este tipo de medidas debe aplicarse en casos extremos y “sólo en consideración a la sanción probable que ha de recibir el adolescente y en este punto la incoherencia es abrumadora”.
“Los jóvenes que entran en conflicto con la justicia penal, son menos de lo que la opinión pública percibe”, señaló el defensor regional, Juan Vivar (en la fotografía), durante su exposición en el seminario “La Convención sobre Derechos del Niño y el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en la Región de Magallanes”, organizado por la seremi de Justicia con el patrocinio de la Unicef.
El año pasado a nivel nacional un 10,5% de los imputados atendidos por la defensoría fueron menores de edad, mientras que en Magallanes esa cifra llegó a un 8,6%. En el primer semestre del presente año los menores imputados en el país equivalen a un 9,7% y en nuestra región a un 6,4%.
Dichos porcentajes corresponden a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que entró en vigencia  el 8 de junio de 2007 y cuyo objetivo fue dar, por parte del Estado, una respuesta diferenciada a los adolescentes que cometieren actos reñidos con la ley penal, implementando, al efecto, un nuevo sistema completamente diferenciado del aplicable a los adultos.
A juicio del jefe de la Defensoría en Magallanes, no obstante lo claro que puedan aparecer la aplicación de los principios que rigen esta ley, a saber, defensores, fiscales, jueces y Sename, “no ha estado exenta de una serie de falencias”.