Un  habitante de Puerto Williams, que se siente discriminado por no poder tener acceso a un debido proceso judicial, interpuso un recurso de protección en contra del juez Pablo Miño y el fiscal jefe Juan Agustín Meléndez, por lo que considera “actos ilegales y arbitrarios” cometidos en contra de su persona.
A través de esta presentación, Miguel Angel Gaete Zúñiga pide a los ministros de la Corte de Apelaciones que: “Adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección”, porque fue citado a una audiencia en Punta Arenas por orden del juez de Garantía, ante un requerimiento de juicio simplificado por parte del fiscal mencionado en circunstancias que hace 14 años vive y trabaja en Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos, donde se desempeña como encargado del Cementerio Municipal.
En el recurso explica que “geográficamente la comuna se encuentra a unos 600 kilómetros en línea recta de Punta Arenas, y sólo se llega por vía aérea en vuelos que se efectúan cinco días a la semana o por vía marítima en una navegación que dura aproximadamente 36 horas. El costo del pasaje aéreo es de $ 115.000”.
El abogado patrocinante del recurso, Luis Villarroel(en la fotografía), deja constancia que “por expresa instrucción de nuestro representado, señalamos que este recurso no es una negativa a comparecer a los tribunales de justicia, solamente tiene el objeto de solicitar que se respeten sus derechos constitucionales, como ciudadano de este país y residente de la Comuna de Cabo Hornos”.
La citación a comparecer es para mañana y por ello piden una orden de no innovar hasta que la Corte resuelva el recurso.