El fiscal Eugenio Campos Lucero inició una investigación en contra de Héctor Manuel López Miranda, alias “El Chicho”, por el delito de homicidio simple en grado de frustrado.
Esta persona había sido llevada el lunes al Juzgado de Garantía, pero el fiscal solicitó una ampliación de la detención por 48 horas, plazo que se cumplió ayer tras lo cual se procedió al control de detención y formalización de cargos.
El hecho de sangre que involucra a López es por la agresión que el 20 de diciembre, alrededor de las 5.30 horas de la madrugada, sufrió Rodrigo Díaz Culún cuando caminaba en compañía de su hermano y otros amigos por calle Errázuriz con Chiloé.
En ese sector se encontraba Manuel López con otras personas, quienes al ver que la víctima se aproximaba hacia ellos, lo cercaron y “El Chicho”, sin causa ni motivo justificado lo agredió violentamente con golpes en diferentes partes del cuerpo. Pero lo más grave vendría después cuando López tomó una botella de cerveza en sus manos y lo golpeó en la cabeza. Pese a la gravedad, Díaz Culún logró escapar y avanzar un par de metros pero cayó al suelo mientras los demás huían. Un amigo lo auxilió y pidió ayuda a Carabineros y al Samu.
A propósito de la violenta agresión, la víctima fue trasladada al Servicio de Urgencia del hospital regional donde ingresó en estado crítico y con riesgo vital. Los médicos le diagnosticaron un Traumatismo Encéfalo Craneano (Tec) abierto, fractura de la base del cráneo y erosiones múltiples. Las lesiones son intracraneanas, eventualmente mortales, según el informe de lesiones (L-615) emanado del Servicio Médico Legal de Punta Arenas.
“Los hechos narrados constituyen el delito de homicidio simple en grado de frustrado, donde al imputado se le atribuye la responsabilidad en calidad de autor y grado de consumado”, manifestó el fiscal en su exposición de los hechos al juez Juan Olivares.
Concluyó solicitando la prisión preventiva para López Miranda basando su petición en que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad. Posterior a los debates de rigor, entre el defensor Ramón Bórquez y el fiscal Campos, el magistrado terminó acogiendo la solicitud y el imputado fue enviado a la cárcel. Para el cierre de la investigación se estableció un plazo de dos meses.