
El único concejal que se opuso a la designación, Antonio Ríspoli, continúa más firme que nunca con su posición.
“Me he asesorado con personas que trabajan con licitaciones, conversé harto antes de emitir el voto y pese a que tuve una reunión el sábado (pasado) con el alcalde y todos los concejales, después lo pensé y cambié mi voto porque vi que estábamos obrando mal (..) porque no todos están en igualdad de condiciones”, afirmó Ríspoli.
De hecho la autoridad comunal reconoció que las bases de la licitación no fueron respetadas, a pesar de que un equipo de la propia municipalidad fue la que elaboró el documento de concesión.
“Finalmente voté en contra porque no se respetaron las bases de la licitación. En ella no dice nada de que todo lo que se acompañe va a tener valorización o lo tiene que tomar en cuenta el concejo para emitir su voto”, agregó.
Ríspoli, con su postura, lleva a la practica sus palabras, pues considera que hay que regirse por lo que dictan las bases de la licitación, y respecto de ello elegir la mejor alternativa.
“En la licitación no dice nada de que lo que se acompañe va a tener valorización o lo tiene que tomar en cuenta el concejo para emitir su voto. Tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo que dicen las bases de la licitación y al puntaje que dio la comisión evaluadora, que en este caso fue la propuesta del señor (Carlos) Estrada (Áreas Verdes S.A.)”, aseguró.
A su vez, puntualizó en que todos los servicios extras que ofrece la firma ganadora no son regalados, sino que “no regala nada. Dentro de los 91 millones, lógicamente debe tener presupuestado estas cosas que está ofreciendo de más”, añadió el concejal.
Coincidencia
El otro aspecto que destaca, es que la oferta de Servitrans topa con los requerimientos de otra licitación.
“Hay una licitación que viene pronto que es de las áreas verdes, entonces están mezclando unas cosas con otras que no tienen nada que ver”, aseveró.
Finalmente, Ríspoli estimó que la situación financiera del municipio no es de las mejores, por lo que destinar más recursos en este caso le parece innecesario.
“Hay un problema económico también detrás de esta situación, porque la municipalidad al aceptar este contrato, está pagando $ 1.600 millones de pesos de más en los seis años que dura el contrato. Tenemos que recordar que no estamos florecientes de plata”, expresó.
El equipo jurídico del municipio no se quiso referir al tema hasta que las empresas que se sintieron afectadas con la determinación presenten la demanda en la Fiscalía Nacional Económica.
Proceso legal
Jaime Ascencio, dueño de una de las empresas que postularon a la licitación, afirmó que las compañías afectadas no presentarán acciones judiciales en conjunto.
No obstante manifestó que “muy probablemente nosotros presentemos una demanda por la decisión del concejo”, puesto que considera que la concesión “no está asignada como indican las pautas, las reglas”, dijo Ascencio.